Días atrás un ex legionario de 30 años tiroteó la casa de quien fuera su pareja. El individuo tenía antecedentes policiales y orden de alejamiento. Felizmente, la tragedia no se consumó. Pero las intenciones homicidas quedan manifiestas. El ex militar haría los disparos con un arma ilegal y la Guardia Civil lo persigue por varios cargos.
Sólo días antes, el 16 de julio, un ex comandante asesina a su pareja y se suicida con una escopeta de la que, al parecer, carecía de licencia.
Control de armas
España es uno de los países del mundo donde más riguroso control de armas existe. Las facultades inspectoras las tiene la Guardia Civil a través de la que tramita, sanciona y controla cualquier arma. Hay profesiones que exigen armamento para poder desarrollarlas: policías, militares, guardias civiles, agentes de la autoridad y particulares o profesionales que acreditan su necesidad para defenderse de agresiones (joyeros, vigilantes, escoltas, bancarios, empresarios, boticarios, etc...).
Consta que la Benemérita se empeña a fondo para que nadie intimide, haga uso indebido y porte armas sin causar perjuicios a terceros. Tener licencia de armas no es barra libre para causar pánico con las mismas. Quienes las portan legalmente saben que su uso debe ser proporcional a la agresión recibida y sus portadores pasan exámenes periódicos psico-físicos que debieran garantizar ese aval para que las armas se usen debidamente.
Cálculos oficiales indican que hay casi tres millones de armas legales en España, 1 por cada 16 habitantes. Un 75% son escopetas de caza, un 11% son rifles. Andalucía es la autonomía española que más armas tiene: 645,356 están registradas en suelo andaluz, según fuentes de la Guardia Civil. Sin embargo, Extremadura atesora 14 armas por cada 100 habitantes.
Armas ilegales
El mercado de armas ‘paralelo’ es muy dinámico. Es, además, muy ubicuo en internet donde se pueden adquirir bajo diferentes fórmulas que tienen muy bien estudiadas los vendedores. La clientela es fácilmente imaginable: delincuentes, fanáticos de la autodefensa y quienes creen que con un arma no registrada pueden ser más impunes.
Los hechos delictivos que vemos donde las armas de fuego son las protagonistas para enfrentar una persecución policial, tiroteos con terceros o bandas de delincuentes rivales dan a entender que las fuerzas del orden recogen las consecuencias del mercadeo ilícito, generado en gran parte fuera de nuestras fronteras.
Cálculos oficiosos indican que las bandas de narcos, atracadores, mafias foráneas y locales manejan cientos de miles de armas sin recato para consumar sus fechorías.
Los terrenos más espinosos, y que hacen realidad lo que vemos en películas e intuimos de novelas de género, es que muchas armas ilegales las compran y portan quienes las llevan o han llevado legalmente. Este dato se evidencia de ex legionario que intentó matar a la que fuera su pareja troteando su hogar.
Es un verdadero desafío e imperativo para nuestras fuerzas del orden controlar las armas ilegales que llevan quienes las portan legalmente. Y hay más. El ejército, policía y guardia civil tiene para sus plantillas diversas fórmulas de prejubilación lustros, décadas o muchos antes que la mayoría de la población a los 67 años. Hablamos de ‘reserva activa’, ‘segunda actividad’, ‘disponible forzoso’, ‘excedente’, ‘baja del servicio’, o eufemismos que al cabo les dejan íntegra la nómina sin extras de actividad, pistola y placa para seguir trabajando en la segunda juventud.
Estos ex servidores públicos lucen y llevan armas, no sabemos si con o sin licencia, y ante cualquier altercado, riña vecinal o pelea familiar intimidan o causan pánico a terceros. Además, si el arma es un atributo profesional para ejercer de escolta, falso detective, cobrar a morosos, etc... estamos ante evidente competencia desleal a quienes pagan impuestos y pagan facturas, intrusismo y un agravio a otros servidores públicos pues, a primeros de mes, tienen en su cuenta una generosa pensión que derriba precios en un mercado que contaminan estos personajes.
Repetimos, es preciso que las armas ilegales las busquen nuestras autoridades donde las puedan encontrar. Pero deben saber que muchos ex compañeros las llevan, las usan y hasta hacen negocio con objetos que causan muertes, coaccionan, hieren, matan el libre mercado y distorsionan la convivencia democrática. El deber de denuncia ciudadana deba ayudar a nuestras autoridades a paliar un problema que va a más. ‘Quien corresponda’ tiene el reto. La Justicia tiene la última palabra.