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In fraganti

Demandas extorsivas y denuncias-vacuna

Poderosos, imputados o políticos con turbio pasado o presente usan los juzgados y su dinero para intimidar adversarios o a quienes les descubren las vergüenzas

Juan-Carlos Arias jcdetective /
22 jun 2019 / 07:30 h - Actualizado: 22 jun 2019 / 07:30 h.
  • El libro de Juan-Carlos Arias, ‘Detectives R.I.P.’. / El Correo
    El libro de Juan-Carlos Arias, ‘Detectives R.I.P.’. / El Correo

Sevilla es un crisol infinito. Aquí las cosas son muy singulares. El fin de la ecuanimidad y del equilibrio entre normas y su respeto que persigue la Justicia se relativiza. Parte de quienes la usan lo hacen en beneficio propio. Sus fines son lejanos del balance social que entraña impartirla. La Jueza Alaya calcó lo que escribimos: ‘Hay una justicia para poderosos y una justicia para los que no lo son’. A la Magistrada hispalense la ‘aburrieron’ ascendiéndola tras tocar demasiadas teclas del peor PSOE andaluz en el poder, hoy en la oposición.

Los recovecos normativos y ‘trampas’ jurisprudenciales que distinguen a ciertos bufetes hispalenses presentan ante la opinión pública, la prensa y la justicia demandas y denuncias que esconden más de lo que afloran.

En demasiados muchos sumarios penales hay denuncias, declaraciones, pruebas –supuestamente- periciales que su único fin es minimizar el reproche en sentencia o, mejor aún, una absolución más temprana de lo debido en base a trucos que también conocen policías, juzgadores y acusadores públicos. Pero quienes tienen un sueldo no dan más de sí que quienes cobran mucho más por defender lo indefendible.

Las denuncias-vacuna brillan por sí mismas. Ante el pánico de entrar en la cárcel, ser multado o tener que indemnizar hay quien inventa lo que sea menester para zafarse del infierno que le espera. El ‘Caso Marta del Castillo’ es un buen ejemplo y resultado de lo que hablamos. Ni se ha encontrado el cadáver de la desafortunada joven, ni en las dos sentencias del triste caso están los que debieran estar. Uno de los flecos llevará al banquillo al apodado ‘Cuco’ y sus padres, diez años después de suceder unos hechos sobre los que hay tantas incógnitas como medias verdades.

El perfil conductual ante un tema penal que comienza con una cita policial, judicial, contratar abogado y procurador cambia en cualquier persona. Quienes tienen memoria de elefante pasan a tenerla selectiva ante los servidores públicos que ventilan la investigación. Se ’vacunan’, y es clásico, echándole la culpa a algún difunto. Si no hay nadie bajo tierra o incinerado dicen estar lejos del escenario de los hechos punibles, buscan algún afín que corrobore su mentira o bien su ‘vacuna’ incluye patología que certifica algún médico-amigo o avalan profesionales de la sanidad pública engañados.

Intimidar con demandas

Quienes conocen ese terreno saben bien que la jurisdicción penal la financia el erario público. Las denuncias policiales y ante juzgados no cuestan dinero, las pagamos los contribuyentes; si se archivan, nadie paga salvo contadas excepciones de temeridad y falsedades. Pero en el campo mercantil, canónico, civil o contencioso paga quien pierde por resumirlo un lego jurista. Se llaman costas procesales, representan un tercio de lo que se ventila en juzgados. Es decir, si quien reclama el pago de 1.000 euros pierde, el que ganó cobrará un tercio de lo que le demandaban. Guste o no, así son las cosas.

En Sevilla hay expertos en activar demandas o anunciarlas con notificaciones que asustan. Otros se ofertan para ‘mediar’ sobre lo injusto y abusivo. En sumarios de corrupción, narcos o maltrato –por ejemplo- hay miles de imputados en la provincia siendo parte de su estrategia acongojar a quienes pueden hundir su pauta de defensa. Estas cosas no las admiten fácilmente los profesionales del Derecho. Pero están ahí.

Hallamos el caso de una directiva de la Junta a quien señalan policía y guardia civil como generosa repartidora de fondos público que investiga la Justicia. Pues bien, esta dama invierte un dinero en anunciar demandas para defender su honra a periodistas y quien se acerque a su ‘modus operandi’. Y es un éxito su estrategia porque poco se sabe de sus cuestionables andanzas mientras dilapidó en el cargo público. Imaginen el destino de los dineros.

Isabel Pantoja, la tonadillera sevillana que ahora vive en una isla bronceada grabando ‘Supervivientes’, genera incontables demandas para defender su legítima honra. Ha retirado nada menos que 30 a Tele5-Mediaset a cambio de cobrar mucho más que cantando, grabando discos, etc... Después, venderá exclusivas sobre intimidades que a nadie deberían interesar. La honra, como vemos tiene precio para algunos y algunas, va por barrios y podría hasta cotizar en bolsa. El ‘negocio’ le va bien a nuestra paisana. Es experta en subir listones. Felicidades, Maribel.

Otros casos de demandas intimidatorias los basa el ‘bluff’ sobre el que basculan. Parten de aquella máxima del ‘perro ladrador, poco mordedor’. Quienes conocen el paño suelen desatender esas notificaciones y replicar la demanda porque ese negocio se basa en el número, no en el resultado. Es decir, hay bufetes -y abogados bien trajeados- que gastan un dinero en asustar por ejemplo cien veces al año, si logran sus propósitos en 10 ya amortizan sus cuentas con clientes que les da vértigo se aireen sus vergüenzas o viertan sobre ellos y sus negocios algo incómodo.

El ‘caso Método3’

El servidor que suscribe lleva -desde antes de la mayoría de edad y roza los 60 años- escribiendo. Jamás tuvo problema, ni queja documentada, sobre miles de artículos, reportajes, crónicas y 4 libros que firmó en más de 40 años. Una excepción fue, cuando colaboraba en Cambio16 (2004-2014). En 2011 se recibió llamada muy agresiva del portavoz de la SGAE en la redacción de la veterana revista. Se quejaba de un artículo revelador que desvelaba la operativa de esta recaudadora de derechos de artistas.

El portavoz ni mandó réplica al reportaje, ni se acogió a los derechos que tiene todo lector y afectado. Sólo gritó y gritó. Unos días después la policía detuvo a su cúpula, Teddy Bautista –su presidente- estaba al frente de los imputados. En juzgados aún tienen sumarios de esa etapa de la SGAE.

En el proceso de documentación (2013-2015) de su último libro ‘Detectives.RIP’ quien suscribe recibió llamadas extrañas y le fue hackeado su ordenador, cuyos archivos se salvaron por la necesaria copia de seguridad que cualquier debe tener a mano.

Al publicarse la obra, en un congreso se impidió fuera presentada en público aunque se repartió cartelería. En una charla que dio en Barcelona, una empleada de Método 3 -detectives barceloneses implicados en espionaje a políticos y a quien fuera menester- le exigió se retractara del contenido de la obra por vulnerar la honra de quienes fundaron y dirigieron tan cuestionada agencia de detectives, que es noticia día sí y día también y muchos investigadores privados la consideran nociva para su imagen gremial.

Obviamente, quien publica un libro de opinión vierte tesis que tiene sustentadas. La retractación, obviamente, nunca llegó. Pero sí una demanda intimidante que exigía retirada de la obra por su editorial, destrucción de ejemplares y publicar un descargo en prensa a los ofendidos. Se cifraba en 80.000 euros los daños que ‘causaba’ un libro cuyas ventas se paralizaron tras aceptar en 2015 la demanda EDITORIAL SELEER que sólo publicó tres ediciones de tal obra.

La honra que ‘Detectives.RIP’ vulneraría era la de dos personas que conocieron los calabozos policiales y una empresa con muchos expedientes judiciales en su contra. Una es jubilada, Dª María Fernández Lado (apodada Marita). Otra, su hijo D. Francisco Horacio Marco Fernández, Doctor y Profesor de Derecho (llamadme ‘Paco’, repite). La empresa es MÉTODO SA ‘en liquidación’, desde que la agencia cerró en 2012.

La demanda fue desestimada íntegramente en 2018 por la Magistrada del Juzgado de Primera Instancia nº 31 de Barcelona. Su sentencia delimitó acertadamente cánones sobre la preponderancia de la libertad de expresión y opinión con respecto a la honra e intimidad personal en un caso donde chirría casi todo y donde la Fiscalía tuvo un papel mejorable.

Hace muy pocos días, las tres Magistradas de la sección 1ª de la Audiencia barcelonesa corroboraron la desestimación íntegra de la demanda extorsiva de los estertores de ‘Método3’. Regalan a los juristas repertorio de jurisprudencia sobre la preponderancia que ya deslizaba su brillante colega de instancia en 2018, Dª Elena Campos Martín

La sentencia de la Audiencia incluye una condena en costas procesales, de instancia y recurso, cuya suma se acerca a los 200.000 euros ya que los tres demandantes citados lo hicieron contra quien suscribe y la empresa que titulariza los derechos de ‘Detectives.RIP’. La codemandada EDITORIAL SELEER huyó del caso dejando a su autor huérfano, que no solo ante el peligro de arruinarse y pedir perdón por nada.

El veterano Jurista Mario Sepúlveda obró lo imposible -con talento y reflejos encomiables- contra las tácticas, dentro y fuera de los juzgados, que siguió Método3 para justificar jurídicamente su demanda. Este Letrado y profesor está curtido en defender a escritores y periodistas donde haga falta para alejarlos de la injusticia. El Sr. Sepúlveda acredita, como una inmensa mayoría de abogados que practica una profesión digna, honorable e imprescindible para seguir conviviendo libres en un país democrático sustentado en los principios del Derecho y la Justicia.

Dineros, cuota-litis y ‘te hundo’

En un país donde el dinero obra milagros, las demandas extorsivas son una realidad. La Justicia, por mandato constitucional, debe procesarlas igual que otras más legítimas. Pero debe existir un sistema punitivo que castigue una práctica que hace daño, social e individual. Las ‘falsas denuncias’ son ejemplo de lo que hablamos. Si alguien calumnia sobre un asesinato de prospera la infamia la víctima puede ir a la cárcel, desprenderse de dinero imprevisto para pagar abogado, procurador, peritos, etc... Si todo resulta que es falso, mentira para entendernos, y logra acreditarlo la víctima apenas puede proceder contra su difamador que, si le condenan, jamás pisará la cárcel. La pena al difamador es mínima sobre la que sufre su objetivo.

Hay bufetes y abogados que están en el negocio de la cuota-litis. Antes prohibida por normas colegiales y supuestamente deontológicas de la abogacía, ésta práctica significa que se pleitea ‘a resultados’. Se hispaniza la norma del derecho anglosajón ‘no win, no fee’ (si no ganamos, no te cobramos).

Debe ser negocio pues hay anuncios de abogados en hospitales, juzgados, organismos que recalcan que la ‘cuota litis’ vino para quedarse. Entre médicos, por ejemplo, hay pánico ante denuncias y demandas por posibles negligencias que hunden carreras profesionales. Se crean dudas, con más o menos habilidad, sobre la praxis del profesional sanitario que -en algunos casos- hacen un daño irreparable.

El tener dinero no debe ser causa para que la verdad no aflore en un procedimiento judicial donde se ventile un delito. Este ejemplo retrataría hasta dónde llega el problema del que hablamos. Una de las bazas de quienes activan demandas extorsivas y denuncias-vacuna es que su poderío subyugará lo que su objetivo pueda contradecirle u objetar en terreno de negocios, práctica profesional, honra, etc....

Aquello del ‘Vd no sabe con quién estás hablando’ parecía olvidado por el tiempo y una sociedad que presume de vanguardias, siglo XXI, etc.... Pero es patente. Las hidras del poder y el dinero llegan hasta lo más recóndito con sutiles modos. En el fragor de la disputa que alguien repita mentalmente a su oponente ‘te hundo’ y lo intente en juzgados es algo que sigue sucediendo. Excepto para personas que invierten en la verdad, en acotar las mentiras, defenderse de acosadores con toga y así predicar con hechos que el dinero no lo es todo para tan corta vida que disfrutamos los humanos.


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