El proceso de recuperación de la ‘memoria histórica’ que anestesiaron, y aplazaron, los gobiernos de Suárez y Calvo-Sotelo (UCD), González (PSOE) y Aznar (PP) se sustanció normativamente con la Ley 52/2007. Se promulgó en la presidencia de Rodríguez Zapatero (PSOE).
La percepción ciudadana de esa asignatura pendiente de aprobar por el estado español lo relaciona todo a cambiar rotulación de calles y plazas e identificar asesinados en fosas, cunetas y paredones de ‘perdedores’ de una guerra impropiamente llamada ‘civil’; en realidad, fratricida.
Tras Camboya, España es el país que más ‘desaparecidos’ aloja en fosas del mundo. La ONU y el Consejo de Europa abroncaron a España por incumplir obligaciones de identificarlos y darles dignidad a casi 150.000 personas cuyo único delito fue pensar distinto y defender un régimen democrático.
En Sevilla capital, el reelegido Alcalde Juan Espadas y la unanimidad de grupos municipales aplaudieron la licitación para exhumar miles de cuerpos en la fosa ‘Pico Reja’. Ahí se cree está Blas Infante, padre de la patria andaluza, políticos republicanos y quienes se opusieron a la barbarie que instauró el General Queipo de Llano.
La otra memoria
Pero la guerra fratricida (1936-39) entrañó más muertes sin sangre, más abusos sin réplica, mucha más sinrazón que la imaginable. Los difíciles años de la posguerra trajeron hambre a una Sevilla que, desde mediados de 1936, ya conocía el terror de Queipo. Además, lo divulgaba en Unión Radio (hoy Radio Sevilla-Cadena SER) mediante arengas cutres de alguien que conspiró hasta contra su sombra tras hacerlo contra Alfonso XIII, Primo y la IIª República.
La provincia de Sevilla no registró batallas. La sublevación contra la Segunda República fue controlada ‘manu militari’ con la impagable ayuda de pistoleros falangistas y requetés carlistas para después pacificar el ‘somatén’ reductos antifranquistas con una eficaz red de delatores. En la capital, las barricadas se levantaron en Triana y la Macarena, no lejos de donde reposan los restos de Queipo y su esposa.
Viene a cuento añadir que el primer Barón de Rotschild, el más millonario, cuando fue preguntado cómo amasó su fortuna respondía ‘...cuando corre la sangre por las calles...’. La rapiña del ‘nuevo régimen’ sobre bienes de exiliados, asesinados y ‘desaparecidos’ la ejecutaron desalmados que hispanizaron el proceder del aristócrata galo.
En Sevilla y provincia muchos Registros de la Propiedad, el Mercantil, referencias catastrales, expedientes judiciales y protocolos notariales acreditan que empresas, fincas, cortijos y viviendas fueron ‘adquiridas’ por los aprovechados de turno sin pagar un céntimo. Esa es una historia que sigue, en gran parte, oculta. Se comenta -en voz muy baja- para explicar fortunas y patrimonios repentinos forjados en la década de los cuarenta, cincuenta y sesenta del pasado siglo.
Las modalidades de la rapiña adoptaron –siempre- sutileza. Expedientes de dominio donde los vecinos deponen ‘intimidados’ o teledirigidos en el proceso judicial, usucapiones manipuladas, ventas a ‘precio vil’ o irrisorio, ‘okupaciones’ de fincas y viviendas por jerifaltes franquistas e incautaciones de oro, monedas de plata, joyas, cuadros y ajuares que -años después- colmatan selectas tiendas en el centro sevillano ¡Qué casualidad!
Una denuncia ‘inocente’
Pruna es un pueblo que dista poco más de 100 km de la capital hispalense. En su término se aloja el Pico del Terril, el más alto de la provincia con 1.129 metros. Lo pueblan casi 3.000 almas aunque antaño su vecindario se duplicaba. Emigración, exilio y la desigualdad despoblaron una localidad de gentes trabajadoras que viven en el vértice de la provincia sevillana con las de Málaga y Cádiz.
Según el expediente 39.275 del Archivo General-Ministerio del Interior el 25 de Abril de 1947 una Señora de origen levantino, esposa de terrateniente pruneño domiciliado en Sevilla, denuncia al Agente del Cuerpo General de Policía José Arias Galán (1914-1992), padre del firmante. Llegó a ser el primer Comisario-Jefe andaluz de lo que hoy conocemos como Policía Científica. Esta denuncia es la única ‘mancha’ en el laureado expediente de un Ex Alférez que renunció a una prometedora carrera militar.
Imputa la denunciante al policía que se presentó en su domicilio pidiéndole, bajo insultos, mediara para que suministrara su esposo simiente y pienso para decenas de aparceros de la Finca Fuente Vieja, en término de Pruna. Un colono les subarrendó las tierras y llevaban años sin ser sembradas. La desesperación de los afectados (casi treinta familias) hizo que pidieran ayuda al policía, cuyo padre era uno de los aparceros. Era apodado ‘El Artillero’.
La insólita denuncia no acusa de delito alguno al funcionario, excepto supuestos excesos verbales que la denunciante sugería eran coactivos e injuriantes. El policía no hizo valer su condición funcionarial. La denuncia, según el contexto en que se activó, buscaba dar escarmiento y silenciar la voz de alguien inconveniente para oscuros negocios. Aunque es un hilo que movían terceros, la denuncia fue ‘empujada’ desde despachos cercanos del del Gobernador Civil de Sevilla, el militar falangista Fernando Coca de la Piñera, muy proclive a los intereses de los terratenientes.
Al parecer, la denunciante obviaba en su declaración policial que su –segundo- marido esperaba a que los aparceros se ‘aburrieran’ y se fueran de la finca para –posteriormente- desahuciar al colono. Este, por su cuenta, chantajeaba a los pobres agricultores exigiéndoles un dinero impagable (150.000 pesetas de entonces) para seguir cultivando los trozos de tierras asignados. La insolvencia de todos les regalaba más pobreza.
Llevar años sin plantar la finca, no facilitar simiente férreamente controlada por cupos, ni pienso para el ganado culminaba un cuadro grosero de la peor condición humana. La sufrían unos aparceros cuyo único medio de subsistencia era lo que obtuvieran de cultivos que no podían materializar.
Para entendernos, la truculenta historia era hacer negocio con el hambre de decenas de familias para esperar la llegada de un buen comprador. La finca era ‘de las mejores’ y más cotizadas en una Pruna de posguerra donde no sobraba nada, excepto a los nuevos señoritos que hicieron caja especulativa con tierras adquiridas a precio de risa.
Debemos tener en cuenta que aparceros, colonos y arrendatarios eran un escalón muy superior al de los jornaleros que trabajan estrictamente para comer. Y parte de los alimentos que les suministraban sus capataces los cedían a esposas e hijos tan hambrientos como ellos tras quedarse sin comer. Hablamos de una España pobre, analfabeta, sumisa y arrasada que difícilmente entenderían las presentes generaciones.
Se archiva la denuncia
Si bien la denuncia exageraba una realidad imputada a un joven policía que cumplía el encargo de su padre, próximo a la indigencia que compartirá con otros tantos aparceros y familiares, el Instructor del expediente disciplinario D. Eduardo Rodríguez Acosta consideró que el Agente Arias sólo merecía una ‘amonestación privada’. Así lo estimó, según Informe que suscribió el 17 de mayo de 1947, al calificar como ‘leve’ la falta.
Pocos días después, un dictamen jurídico suscrito por la Abogacía del Estado (Asesoría Jurídica del Cuerpo General de Policía) aparece en el expediente. Ha revisado declaraciones complementarias de la denunciante, su hermana, el denunciado más el Informe del Instructor. La Abogacía entiende que el expediente debe tener como destino el ‘sobreseimiento y archivo’ de las diligencias incoadas contra el policía. Lo fundamenta así sobre Arias ‘...ni se dio a conocer como agente de policía, ni actuó con tal carácter, ni pronunció frase grosera u ofensiva para la denunciante...’ Añade que ‘...queda la cuestión reducida a un incidente ajeno al campo disciplinario....’.
A la vista de lo obrado oficialmente, la Secretaría Técnica archiva una denuncia que se pretendió inicialmente daños mayores al Agente Arias. Estos no serían menores que los perjuicios que sufrían decenas de aparceros en una Pruna donde la agricultura y pequeña ganadería son la exclusiva fuente de subsistencia en sus 100 km2 de término.
La Pruna de Hoy
Antes de tan extraña denuncia que delataba peores empeños que los de ‘castigar’ a un policía novato, Pruna sufrió los efectos de la guerra en su peor versión. Entre Agosto y Diciembre de 1936 el sabio y cronista pruneño José Zamudio, que nomina en su tributo el Instituto de Educación Secundaria local tiene referenciados los peores días del odio y la venganza.
Un dato es que los ‘subversivos’ al franquismo fueron llevados a Olvera y Morón o enterrados –indignamente- en las fosas de las Encamaciones y el Peñón del Cuervo. Casi 500 personas ‘desaparecieron’ de su censo sobre los casi 2.500 habitantes entre asesinados, desterrados o exiliados. A las militantes comunistas, por ejemplo, les fue rapado el pelo, se les forzó la ingesta de aceite de ricino para orinar y defecar sin control y se las paseó, desnudas y esposadas, por el pueblo para humillarlas al máximo. Los ‘héroes’ de tan magna hazaña no sabemos si tienen escrúpulo alguno.
La democracia llegó a Pruna con la Constitución y encontramos un pueblo que mira hoy más al futuro que a los peores días que vivió. Si bien los primeros años democráticos el Ayuntamiento polarizó disputas entre concejales de ideologías extremas, el actual Alcalde Francisco López Sánchez ha renovado mayoría absoluta en los últimos comicios municipales. Su formación ‘Juntos por Pruna’ retoma al antiguo Partido Andalucista cuya liquidación ordenó Alejandro Rojas-Marcos en 2015. No ha sucumbido, el Alcalde López, a las ofertas socialistas para integrar sus filas por su buen hacer en la alcaldía pruneña http://elcorreoweb.es/provincia/el-psoe-tantea-a-tres-alcaldes-del-pa-para-ficharlos-de-cara-a-los-comicios-LN4087872
La Pruna de hoy se puebla de esforzados emprendedores, encontramos alojamientos rurales, nuevos negocios, una cooperativa del mejor aceite, fe y fervor intactos en su patrona, la Pura y Limpia Concepción, programas que fomentan la igualdad. Un Concejal de etnia gitana, Diego Jiménez, apacigua conflictos romaníes. Muchos foráneos (predominantemente británicos) eligieron un pueblo-atalaya que otea tres provincias andaluzas y el mejor campo donde antaño se negociaba en los peores términos.