El 26 de junio de 2015, tras los atentados perpetrados por el Daesh o ISIS, el grupo terrorista autodenominado Estado Islámico, en Kuwait, Somalia, y sobre todo en Túnez y Francia (Charlie Hebdo, el 7 de enero; ataque a una empresa gasística en Saint-Quentin-Fallavier justo el 26 de junio; después vinieron los ataques al Estadio de París y a la sala Bataclán 13 de noviembre que causaron 130 muertos), el ministro del Interior, entonces Jorge Fernández Díaz, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, decidió activar el nivel 4 de alerta antiterrorista (NAA). Desde entonces, los sucesivos atentados en los países de nuestro entorno han desaconsejado bajar el nivel. La ausencia de una amenaza directa tampoco ha obligado a subirlo al 5, «muy alto», el máximo estipulado.
Los atentados contra dos hoteles, uno de ellos de la cadena española Riu, en Túnez en los que murieron 38 turistas, fueron el detonante precisamente aquel 26 de junio. En ese momento, las autoridades españolas decidieron pasar de nivel medio a alto. Ya en marzo, también en Túnez, en el Museo del Bardo, en el Parlamento, habían muerto 18 turistas y dos tunecinos, entre aquellos, un matrimonio de Barcelona, Antoni Cirera y Dolors Sánchez, que estaban de vacaciones. Los ataques se acercaban a España, aunque no se han producido ninguno en nuestro territorio tras el 11 de marzo de 2004, y el país aparecía con más insistencia en los vídeos de formación que distribuye el Daesh entre sus correligionarios; de hecho, Al-Andalus y, en concreto, la Alhambra forman parte de sus objetivos y aspiraciones.
Desde que se creó el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista, tras los atentados del 11-M de 2004 en Madrid, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han detenido a 707 personas vinculadas con el yihadismo hasta el pasado 6 de junio. Sólo en lo que llevamos de año, los detenidos ascienden a 35 en todo el territorio nacional en 25 operaciones. Y es que este plan establece las directrices generales que permiten asegurar «la detección, seguimiento, análisis y evaluación continuada del riesgo de atentado terrorista, así como la puesta en marcha y coordinación de los dispositivos preventivos».
Aunque cada nivel de alerta lleva aparejado unas medidas específicas adaptadas a la naturaleza de la amenaza -que el Ministerio del Interior prefiere no concretar públicamente por motivos de seguridad-, en su conjunto, las medidas del plan están encaminadas a «proteger instalaciones, redes, sistemas y equipos físicos y de tecnología de la información sobre las que descansa el funcionamiento de los servicios esenciales; así como centros y organismo públicos u oficiales, y otros activos cuya destrucción, ataque o degradación suponga un daño importante conforme a la valoración ponderada de los siguientes criterios: daños a la vida humana, vulneración de derechos fundamentales, afectación al normal funcionamiento de las instituciones o de los sectores estratégicos, afectación al orden público o la convivencia, impacto público, social o simbólicos y pérdidas económicas o patrimoniales». Así, en el nivel 4 se atiende especialmente a las infraestructuras críticas (aeropuertos, embalses, centros de generación energética...) y a todos los eventos en los que se prevén aglomeraciones.
Los niveles de alerta antiterrorista se introdujeron en España un año después de los atentados del 11-M, el 9 de marzo de 2005. Este primer plan establecía tres niveles. En 2009, la Secretaría de Estado de Seguridad modificó el plan introduciendo una escala de cuatro niveles con dos intensidades cada uno. La actual escala con cinco niveles supuso una modificación en el plan en 2015 «con el fin de mejorar, por un lado, la protección de los potenciales objetivos de las organizaciones terroristas y reforzar, por otro, las capacidades de investigación y neutralización de las amenazas».
Los especialistas en la lucha antiterrorista aconsejan en cada momento al secretario de Estado y al ministro del Interior, actualmente Juan Ignacio Zoido, las medidas que se deben adoptar y el nivel de alerta más adecuado para la situación en función de la intención, capacidad y probabilidad de un atentado. Algunas voces ya avisan de que el actual nivel de alerta, «alto», «no se puede mantener mucho tiempo porque tendemos a relajarnos y a viciarlo», si bien los atentados en nuestro entorno, los últimos en el Puente de Londres, el 3 de junio, desaconsejan volver al nivel 3, «moderado», al que se pasó tras la toma de rehenes en la redacción parisina de Charlie Hebdo y hasta el 26 de junio de 2015, hace ahora dos años.