La presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, comenzó a presentar este lunes sus alegatos finales en el juicio político al que se enfrenta en el Senado y afirmó que siente «el gusto amargo y áspero de la injusticia». Ante los 81 senadores, constituidos en jueces y dirigidos por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, como garante constitucional del proceso, Rousseff insistió en su inocencia y avisó que «no esperen» de ella «el obsequioso silencio» frente a los cobardes que pretenden atentar con el estado de derecho». «Estamos a un paso de la consumación de una grave ruptura institucional, de concretar un verdadero golpe de Estado», recalcó.
«Vengo a mirar directamente a los ojos de sus excelencias y a decir con la serenidad de quien no tiene nada de qué responder que no cometí delitos de responsabilidad», dijo. «Estoy acusada injusta y arbitrariamente», insistió Rousseff, que reiteró que las acusaciones de maniobras fiscales en las que se basa el juicio político en su contra son «pretextos para derribar a un gobierno legítimo» y «hacer viable un golpe» amparándose en la Constitución.
La presidenta, suspendida de sus funciones desde que se abrió el proceso, el pasado 12 de mayo, está acusada de haber emitido tres decretos que alteraron los presupuestos sin la venia del Congreso y de atrasos en depósitos en la banca pública que generaron costosos intereses y se configuraron como créditos, según la acusación.
Aunque ambas operaciones están prohibidas por la ley, los datos oficiales dicen que ese tipo de maniobras son más que comunes en la administración pública brasileña. De hecho, fueron realizadas por otros gobernantes anteriores, pero siempre en montos muy inferiores y, en el caso de los atrasos con la banca pública, por unos pocos meses y no durante más un año, como ocurrió en el periodo de Rousseff.
La dirigente brasileña recordó que su compromiso político se remonta a los años de lucha contra la dictadura militar, cuando fue torturada y encarcelada, un periodo en el que «tenía miedo de la muerte y de las secuelas de la tortura, pero no cedí, resistí». Ahora, «a los casi 70 años, después de ser madre y abuela, nunca renunciaría a los principios que siempre me guiaron: Tengo un compromiso con mi país, con la democracia y el estado de derecho».
«He sido intransigente en la defensa de la honestidad y la gestión pública», subrayó. «No lucho por mi mandato, por vanidad o apego al poder», dijo, al tiempo que subrayaba en tono firme y sereno ante el pleno del Senado: «Lucho por la democracia, por la verdad y la justicia, por el pueblo de mi país.