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La rotura de la balsa minera de Aznalcollar. / Emilio Morenatti (Efe)
Hoy es el Corredor Verde del Guadiamar pero hace 17 años era un pasillo de lodos tóxicos altamente contaminantes y antes de eso una vega rica en frutales. El 25 de abril de 1998, de madrugada, coincidiendo con la Feria de Sevilla, un sonido atronador se escuchó en Aznalcóllar y comenzó una pesadilla que se prolongaría durante años: la balsa minera de residuos tóxicos de la mina de Aznalcóllar había quebrado y toneladas de residuos contaminantes recorrieron primero el arroyo Agrio, después el río Guadiamar y a duras penas se logró frenar esta riada tóxica a las puertas mismas de Doñana, en Entremuros.
La multinacional sueco canadiense Boliden Apirsa SL concesionaria de la explotación minera, que había hecho caja vendiendo cobre y zinc y de paso cobrando sustanciosas subvenciones de las administraciones públicas, logró irse de rositas, sin cumplir la máxima legal de quien contamina paga. Un entramado societario eximía a la matriz Boliden, de los daños y su filial española logró eludir además sus responsabilidades.
Los costes del vertido tóxico los soportaron los bolsillos de la ciudadanía. Más de 90 millones de euros costó retirar las toneladas de lodo tóxico del Guadiamar y su vega; una cantidad que ascendió a 300 millones de euros si sumamos todos los costes que hubo que sufragar a causa del desastre ecológico. Nunca se llegó a lograr el estado anterior al vertido de lodos tóxicos, ya que la vega del Guadiamar, rica en frutales, dejó de ser productiva -agrícolamente hablando- por una prohibición para cultivar que atendía al principio de precaución. La apuesta para esta zona, según anunciaron a bombo y platillo los responsables políticos de entonces, pasaba a ser la economía verde. Hasta se llegó a crear un parque industrial para empresas relacionadas con el medio ambiente en Aznalcóllar, el PAMA (Parque de Actividades Medioambientales de Andalucía).
17 años después la Junta de Andalucía acaba de resolver el concurso para conceder de nuevo al explotación de la misma mina a otro consorcio minero internacional. En esta ocasión es México Minorbis quien se ganado un concurso que la otra aspirante ha puesto bajo sospecha, sobre todo por las vinculaciones que la Junta de Andalucía tiene con una de las empresas que componen el grupo minero: MAGTEL, una empresa cordobesa sin experiencia en minas pero que ha contado con el ex delegado de Innovación de la Junta (2002-2008) como “asesor externo”, según ha reconocido la propia empresa.
Al margen del procedimiento de concesión, lo que verdaderamente preocupa a los naturalistas y organizaciones ecologistas es que se haya dado un giro de 180 grados en un territorio especialmente sensible en tanto que el Guadiamar es un pulmón hídrico de Doñana. Tampoco parece que se haga un favor a la economía verde que se ha asentado en la zona con empresas turísticas y de educación ambiental que se nutren de las posibilidades ecológicas del Corredor Verde del Guadiamar. “La reapertura de la mina de Aznalcóllar es una mala noticia para Doñana”, sentencia el portavoz de WWF-España Felipe Fuentelsaz. Para este representante de WWF hay demasiadas sombras que van más allá de la concesión minera: “hay que recordar que el Grupo México -la otra empresa que junto con MAGTEL compone México Minorbis- ha sido la responsable de un vertido tóxico en el estado de Sonora (México)”, por lo que según el portavoz ecologista “no se está teniendo en cuenta el principio de precaución que debería primar en este asunto”. En México, tras el desastre causado por la mina Buenavista del Grupo México incluso se han creado plataformas ciudadanas en contra de esta entidad, como “Todos unidos contra el Grupo México”, lo que indica un claro rechazo social en este país centroamericano contra una empresa que ya ha sido declarada responsable única del vertido al río Sonora, lo que le va a costar a este consorcio minero una multa de 22 millones de pesos mexicanos.
Mientras, en Andalucía del proyecto minero se sabe muy poco. El Consejo de Participación de Doñana no ha sido aún informado en detalle del proyecto minero que se va a llevar a cabo, aunque si ha trascendido que en lo que se refiere a la valoración ambiental el puntaje en el concurso no ha llegado ni al aprobado y por supuesto no ha sido un tema trascendental en la decisión de escoger a México Minorbis. Sin embargo, desde este grupo se explica que de la millonaria inversión que se va a llevar a cabo, 304 millones de euros, 24,9 millones de euros se van a dedicar a restauración y vigilancia ambiental. En el reparto del pastel millonario que promete México Minorbis destacan empresas vinculadas a la Junta de Andalucía, como es la Fundación Migres -en cuyo patronato figura la Consejería de Medio Ambiente-.
El problema del agua es otro de los que enturbia aún más la concesión de esta explotación minera. “La mina para su actividad requiere de agua y no la tiene”, explica Felipe Fuentelsaz, que aclara que el agua disponible en la zona ya se ha concedido a otros usos como el agrario o el de producción termosolar “y en el caso de la mina lo que se plantea por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir es hacer un nuevo embalse en el río Agrio, algo que no es viable ecológicamente”.
Pero la voz de alarma no viene sólo de voces ecologistas, sino que ya la dieron hace meses en el corazón de Doñana los organismos internacionales que visitaron el espacio natural. El Comité de la Unesco y Ramsar ponía el acento en que una de las amenazas que se cernía sobre Doñana era la mina de Aznalcóllar. Una alarma que parece no sonar en la Junta de Andalucía donde se vuelve a apostar por un modelo económico que da la espalda a la economía sostenible y busca el dinero fácil aunque sea teñido de lodo.
La catástrofe de 1998 en datos
La noche del 25 de abril de 1998 en las minas de Aznalcóllar, 50 kilómetros al norte del Parque Nacional de Doñana, se producía la rotura de un muro de contención de una balsa de decantación.
Esta balsa, propiedad de Boliden Apirsa S.L, tenía una superficie de 200 hectáreas, dividida por un muro interno. En ella se encontraban los residuos mineros y las aguas ácidas cargadas de metales producidos por el tratamiento de los minerales (piritas en su mayor parte) procedentes de las cortas de Aznalcóllar y los Frailes.
La brecha en la balsa tenía unos 60 metros de ancho y 30 de alto y por ella se precipitaron al río Agrio, afluente del Guadiamar, los lodos y aguas de la balsa. Según los datos oficiales, se vertieron 5,5 millones de m3 de lodos tóxicos y cerca de 1,9 millones de m3 de aguas ácidas.
El vertido afectó, según datos de la Junta de Andalucía, a un tramo de 62 kilómetros de longitud, con una anchura variable de entre 500 y 100 metros, y con una superficie total de 4.634 hectáreas entre la mina y Entremuros, 63 kms al sur. De ellas, 2.616 hectáreas fueron directamente cubiertas por lodos.
La altura de los lodos fue variable: en las zonas adyacentes a la balsa se encontraron espesores de más de tres metros, mientras que en la entrada de la marisma de Entremuros, en pleno corazón de las marismas del Guadalquivir y en la frontera con los espacios protegidos de Doñana, sólo se trataba de una capa de escasos centímetros. A partir de este punto, la marisma quedó afectada sólo por las aguas contaminadas.
Para paliar los efectos de la catástrofe, tras las tareas de limpieza de lodos y depuración de las aguas contaminadas, la Junta de Andalucía puso en marcha el proyecto de Corredor Verde del Río Guadiamar, a fin de recuperar la funcionalidad de este río como corredor natural entre Doñana y Sierra Morena. El proyecto permitió rescatar el dominio público hidráulico y las zonas de inundación natural del Guadiamar, que se declaró Paisaje Protegido.
Por su parte, el gobierno central creo el plan de restauración hidrológica Doñana 2005, con el objetivo de mejorar el estado del Parque Nacional y sus marismas, aumentando la superficie protegida y recuperando parajes como las Lagunas de los Sotos o la finca Caracoles.
Teniendo en cuenta el dinero gastado en la limpieza de lodos y depuración de aguas ácidas, los proyectos de restauración del Guadiamar y Doñana, la compra y expropiación de fincas, las subvenciones que se dieron para la reapertura de la mina por Boliden Apirsa S.L –que una vez obtenidas cerró-, las inversiones en el Parque de Actividades Medioambientales de Andalucía creado en Aznalcóllar, entre otras actuaciones, la catástrofe de Aznalcóllar ha tenido un impacto en las cuentas públicas de unos 300 millones de euros.