Mientras Lorenzo Serra Ferrer negocia a varias bandas para reforzar el centro del campo del Betis de Quique Setién, los gobernantes verdiblancos continúan dando pasos para cerrar la ardua, enrevesada y nada fácil negociación con Manuel Ruiz de Lopera y Luis Oliver y finiquitar el entramado judicial que envuelve al club de Heliópolis desde hace años. A principios de mes alcanzaron un principio de acuerdo con los dos exdirigentes y ayer acudieron al despacho de los abogados de Lopera, el bufete Montero Aramburu, para intentar colocar la penúltima piedra. La última será la firma ante notario, que podría producirse en las próximas horas si no surge ningún contratiempo en este proceso que, en todo caso, sigue sin gozar del beneplácito de Béticos por el Villamarín (BXV).
La nómina del encuentro que se celebró ayer por la tarde en la avenida de República Argentina incluyó a los primeros espadas. Por parte del Betis, su presidente, Ángel Haro. Por la Liga de Juristas Béticos, Adolfo Cuéllar. Y por la asociación Por Nuestro Betis (PNB), su presidente, José Antonio Tirado, y el abogado que representa a la plataforma en el juicio de la Audiencia Provincial, Pedro Rodríguez de la Borbolla, que curiosamente también pertenece a los Juristas. Enfrente, el propio Lopera en persona y sus abogados, con Encarnación Molino a la cabeza.
La reunión acabó pasada la medianoche y los protagonistas no fueron demasiado explícitos en sus declaraciones después de varias horas de debate en las oficinas de Montero Aramburu. «No hay ninguna noticia, no he firmado nada», explicó Lopera. A la pregunta de si el acuerdo podía estar cercano, el expresidente contestó con un rotundo «sí». La incógnita es el cuándo: «No lo sabemos». Por parte de los Juristas Béticos, Adolfo Cuéllar tampoco se atrevió a pronosticar un plazo: «Seguiremos hablando mañana y pasado», comentó a la salida de la reunión.
Según los términos aprobados por los distintos bandos hace unas semanas, Lopera recibiría unos 8 millones de euros y Oliver, unos 6,5. Es casi la mitad de lo que pactó con el propio Betis en marzo y sin derecho a las plusvalías derivadas de la venta de las acciones a los béticos. A cambio, los firmantes se retirarían de todas las causas contra Lopera y Oliver. Es decir, la que ya está en la fase de juicio oral en la Audiencia y la demanda del Mercantil por el 31,38% del capital social, que está a la espera de sentencia desde hace más de dos años.
En total son casi 15 millones de euros por el 51,34% del capital social del Betis, más de 60.000 acciones que se pondrían a la venta entre los béticos de a pie a un precio inicial de 120 euros por título con el objetivo de atomizar y dividir el capital cuanto más, mejor.