El PSOE pone a Mariano Rajoy contra las cuerdas. Después de que el pasado jueves se conociera la sentencia de la Audiencia Nacional que condenaba al PP al pago de una multa de casi 245.500 euros como responsable a título lucrativo de la trama Gürtel, la formación socialista convocó de manera extraordinaria a su dirección federal para valorar el alcance político de una sentencia que afectaba al partido que gobierna España. Todo apuntaba a que la Ejecutiva socialista iba a debatir la posibilidad de presentar una moción de censura, si bien esta propuesta se registró en el Congreso de los Diputados minutos antes de que se llevara a cabo dicha reunión, que vino a apoyar de manera unánime la moción de censura.
El texto presentado por el Grupo Parlamentario Socialista explica que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy «ha eludido cualquier tipo de responsabilidad política» y señala como agravante el hecho de que el tribunal dude de la credibilidad de la declaración de Rajoy en sede judicial. «La permanencia en la presidencia del Gobierno del máximo responsable de una formación política declarada judicialmente como parte de un auténtico sistema de corrupción institucional, afectaría gravemente a su credibilidad y a la propia dignidad de la democracia española», reza la moción que propone como candidato al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.
El líder socialista se marcó una hoja de ruta que incluye la convocatoria de elecciones a medio plazo, si bien antes se plantea recuperar la normalidad institucional, regenerar la vida democrática y abordar las urgencias sociales poniendo en marcha una agenda social. En este sentido, Sánchez remarcó que la moción de censura «es constructiva» y sirve para «constituir y formar un gobierno».
Sánchez apeló a la responsabilidad de los 350 diputados de la Cámara baja y fuentes de la dirección socialista aseguraron que la moción de censura nace sin apoyos «para que la apoye el que quiera sin condiciones». Una tesis que defendió en público la secretaria de Migraciones del PSOE, Pilar Cancela, quien aseguró a través de Twitter que «no va a haber negociación con nadie para apoyar la moción de censura». «La presentamos por dignidad democrática», continúa Cancela antes de advertir que «cada quien valore y decida el sentido de su voto».
A pesar de ello, el coordinanor general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, acusó al principal partido de la oposición de pretender «asaltar» el poder «de la mano de los que ponen en peligro España», en alusión a Podemos, y de los que quieren «romperla», por los independentistas. En este sentido, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, aseguró ayer que no pondrá condiciones al PSOE para «desalojar a los corruptos», si bien avisó a los socialistas de que «tendrán que dialogar con mucha gente» para gobernar. Asimismo, el portavoz de ERC en la Cámara Baja, Joan Tardá, confirmó su apoyo a la moción de censura, aunque lamentó su tardanza.
Por su parte, Mariano Rajoy aseguró que la moción de censura del PSOE se basa en una «falsedad», ya que el jefe del Ejecutivo entiende que la condena «nada tiene que ver con el actual Gobierno», si bien sí que tiene que ver con el partido que preside. A pesar de ello, Rajoy subrayó que la sentencia dicta la responsabilidad civil, que no penal del PP, partido que, como dice la resolución judicial, «no conocía los hechos». No obstante, la sentencia pone en entredicho al presidente del Gobierno, puesto que el texto señala que el PP no tiene responsabilidad penal porque «los hechos son anteriores a la reforma del Código Penal», si bien el tribunal aprecia «la apariencia de los mismos [los hechos delictivos] como constitutivos de allegamiento ilegal de fondos provenientes de delitos de prevaricación, cohecho y otros».
Mientras tanto, Rajoy, que compareció en solitario tras el Consejo de Ministros, reivindicó su legitimidad para continuar al frente de la presidencia del Gobierno y acusó al líder de los socialistas de intentar relevarle «a cualquier precio y con quien sea». «Va contra la estabilidad, perjudica la recuperación económica, es mala para España y para los españoles, introduce muchísima incertidumbre y es lesiva para el futuro de los ciudadanos», advirtió Rajoy con vehemencia antes de ironizar: «Cualquier día le veremos pactando con Puigdemont».
Especialmente delicado resulta el papel de Ciudadanos. Su secretario general, José Manuel Villegas, se opuso a apoyar una moción de censura presentada «con el apoyo de separatistas y populistas» y exigió a Rajoy convocar elecciones. De lo contrario, Villegas amenazó con impulsar su propia «moción de censura instrumental solo para convocar elecciones». La formación naranja parece no encontrar su hueco en el nuevo tablero abierto con el movimiento del PSOE, porque una vez presentada una moción de censura, el presidente del Gobierno no puede disolver las Cortes y anticipar elecciones.
Asimismo, la amenaza de Ciudadanos de una moción de censura propia tampoco sería viable a no ser que consiga tres firmas de diputados ajenos a la formación naranja, ya que esta propuesta debe ser presentada, al menos, por el diez por ciento de la Cámara, lo que suponen 35 diputados. Cabe recordar que el grupo de Ciudadanos lo componen 32 personas. En opinión de Villegas, «la solución no es quitar al PP de la Gürtel para poner al PSOE de los ERE», si bien es la formación naranja quien sustenta al PSOE en el Gobierno andaluz. Sea como fuere, el dirigente de Ciudadanos instó a los socialistas a retirar la moción de censura. «La solución a la crisis provocada por la corrupción de Rajoy no son ni las prisas ni el oportunismo de Sánchez», aseguró Villegas.
En un Parlamento tan fraccionado como el español, la aritmética obliga a apreciar cada escaño y cada voto. En este sentido, los partidos con representación mínima también son imprescindibles. Es el caso de Nueva Canarias, cuyo único representante en el Congreso de los Diputados, Pedro Quevedo, apoyará la moción de censura presentada por el PSOE, tal y como adelantó ayer su presidente, Román Rodríguez. El dirigente canario defendió que un Gobierno liderado por Pedro Sánchez daría «más estabilidad» al país que una convocatoria anticipada de elecciones. Nueva Canarias –que se presentó junto al PSOE en las últimas elecciones generales– se alinea así con a la tesis socialista de formar un Gobierno durante un tiempo para llamar a los ciudadanos a las urnas a medio plazo.
Por su parte, Coalición Canaria adelantó que no apoyará la moción de censura si es secundada por los independentistas, algo que ya resulta una evidencia. No obstante, su secretario general, José Miguel Barragán, explicó que el partido canario fijará su posición este domingo en Tenerife. Asimismo, Barragán pidió al líder socialista que aclare si el PSOE persigue llevar las riendas del país hasta el final de la legislatura o, por el contrario, se trata de un elemento más que aprovecha ahora «para sacar a Pedro Sánchez, que hace tiempo que no aparece», criticó el dirigente canario.
Así pues, el PSOE cuenta con el apoyo de Unidos Podemos –67 escaños–, Compromís –cuatro escaños–, Nueva Canarias –un escaño– y ERC –nueve escaños–, por lo que la moción de censura recibiría 175 votos y para prosperar necesita la mayoría absoluta de la Cámara baja, fijada en 176 escaños. Ante este escenario, y habidas cuentas de que Coalición Canaria no la apoyará por contar con el voto de partidos independentistas y Ciudadanos la rechazará por no contemplar su exigencia de elecciones inmediatas, el PNV vuelve a erigirse como la clave de esta ecuación.
Los nacionalistas vascos, que el pasado miércoles ataron con el PP un acuerdo que le permitía al Gobierno de Rajoy aprobar los presupuestos, mostraron su disposición a «hablar» con el PSOE para conocer cuál es el planteamiento de la moción de censura «respecto a Euskadi y sus aspiraciones». Así se expresó el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, quien reconoció que todavía «hay demasiadas incógnitas».
Sea como fuere, el PSOE se ha apresurado a mover una ficha arriesgada aun sin saber si la apuesta le resultará favorable o no. Lo que tienen claro en la dirección socialista es que el coste de no haberla presentado hubiera sido mayor que el de presentarla y afrontar un hipotético fracaso. Asimismo, Sánchez continúa sin aclarar cuánto tiempo durará ese futurible Gobierno interino que, como él mismo reconoció, está abocado a la convocatoria de elecciones.