En mayo de 1980 nombró Adolfo Suárez su cuarto gobierno, después de la crisis provocada por la dimisión de Manuel Clavero Arévalo, entonces ministro de Cultura, el día 16 de enero. El fundador del PSLA rechazó el acuerdo de UCD de pedir la abstención o el voto en blanco en el referéndum andaluz por la vía del artículo 151 de la Constitución. Después de celebrada la citada consulta, que fue un rotundo fracaso para el Gobierno y la UCD, Manuel Clavero también abandonó el partido en abril y solicitó el ingreso en el Grupo Mixto del Congreso de los Diputados. El episodio protagonizado por Clavero, en defensa de los intereses andaluces, así como la respuesta del pueblo andaluz, es uno de los hitos más trascendentes de la democracia española; un comportamiento digno y respetuoso con la sociedad y consigo mismo, que el tribunal del tiempo no tardaría en refrendar en su favor en las dobles elecciones de 1982.
Ciertamente, como luego escribió Manuel Clavero Arévalo, «no abandonaba un partido, ni un grupo parlamentario, ni un ministerio a poco tiempo de unas nuevas elecciones, sino a quien acababa de ganarlas por segunda vez y se sentía con el poder y la arrogancia de pedir la abstención a los andaluces en un referéndum y se negaba a aceptar políticamente el resultado del mismo».
Julián Lago, en la revista Interviú, profetizó: «Lo de Clavero puede ser el fin de UCD». De ello se encargarían, además de Adolfo Suárez y varios de sus ministros y colaboradores, Leopoldo Calvo Sotero en 1982, convocando las elecciones autonómicas andaluzas y generales por separado, pese a los informes que recibió para que hiciera coincidir ambos comicios. Quizás lo más penoso de este episodio sean la soledad con que actuó Manuel Clavero Arévalo y la pérdida de crédito de UCD en Andalucía, que sería su tumba política y la pérdida de una esperanza de centro político expresada por la sociedad española en el inmediato postfranquismo.
Cuando se celebró el referéndum, el 28 de febrero de 1980, votó afirmativamente el 54,07 por ciento de los ciudadanos. Un porcentaje que alcanzó el 64,89 en la provincia de Sevilla, récord regional. En la capital el resultado fue histórico, pues los votos a favor del artículo 151 y contrarios al Gobierno, representaron el 89,35 por ciento del censo electoral. Un año después, el 28 de octubre de 1981, cuando se celebró el referéndum del Estatuto de Andalucía, los sevillanos volvieron a batir la marca de votos afirmativos sumando el 90,90 por ciento.
Durante el último tramo del tardofranquismo, la sociedad sevillana comenzó a soportar graves problemas de convivencia como consecuencia del aumento de la llamada «delincuencia menor», principalmente «tirones» de bolsos, robos en domicilios y establecimientos comerciales, y también de vehículos. Hubo algunos crímenes, como el de una niña de dos años, nunca esclarecido, y los cometidos sobre varias personas en el barrio de Heliópolis y la finca Los Galindos del pueblo de Paradas, con orígenes mafiosos. Otro crimen múltiple fue cometido por el cliente de un bar de alterne en la calle Joaquín Costa.
Con la llegada de las libertades políticas a mediados 1977, fueron aumentando el número y la gravedad de los delitos comunes. Fue espectacular la oleada de «tirones» de bolsos, provocando lesiones incluso en señoras ancianas, y de «semaforazos» en vehículos ocupados por turistas en las zonas periféricas de la ciudad.
En 1980 ya existía una población incontrolada procedente de los nuevos asentamientos de chabolas y barriadas clandestinas, que nutrían tanto la frecuente mendicidad callejera en el centro de la ciudad, como la delincuencia menor. La proliferación de «tirones», robos y atracos, aunque no recogida en su totalidad por los medios de comunicación, por no ser facilitada generalmente por las autoridades locales y provinciales, creó bastante alarma social. Para contrarrestarla, algunos políticos acusaron a los periódicos y emisoras de radio de «catastrofistas», de nostálgicos del franquismo, y acuñaron –caso de Guillermo Gutiérrez– la definición de muchos «delitos vistosos», pero sin mayor trascendencia social...
La realidad era muy distinta, e incluso murió un turista a consecuencia de un infarto al perseguir a un «tironero»; otras personas resultaron gravemente lesionadas, y los atracos con uso de arma blanca afectaron incluso a niños para quitarles una cadena de cuello, un reloj de pulsera o una bicicleta. La gente comenzó a dejar de denunciar los robos y atracos por desconfiar de la eficacia de la policía y la justicia. Algunos días, los periódicos informaron de hasta cuatro atracos a mano armada en oficinas bancarias.
Aunque desde la llegada de las izquierdas al Gobierno municipal, en 1979, las Asociaciones de Vecinos de las barriadas periféricas dejaron de protagonizar manifestaciones y algaradas delante de la Casa Consistorial y acosar al alcalde, parte de estos grupos se unieron a los sindicatos y partidos en sus protestas públicas por todo lo imaginable. Asimismo, las huelgas sectoriales tuvieron eco en las calles céntricas.
El centro de la ciudad estaba prácticamente tomado por manifestaciones de protesta por el paro, las crisis de empresas, los despidos, el alza de los precios, la falta de viviendas, escuelas y vigilancia, el abandono de las barriadas, y un largo etcétera. En paralelo, en las zonas rurales, comenzaron las ocupaciones de numerosas fincas agropecuarias, los piquetes contra el empleo de maquinaria en las faenas agrarias, los cortes de carreteras y vías ferroviarias.