España entra en el verano acalorada con el caso La Manada como detonante de tensiones judiciales, políticas, sociales y morales. Y las televisiones nacionales ya no van a buscar en Sevilla las rotondas donde los termómetros marcan la temperatura más alta a pleno sol, sino grabar en cualquier lugar a uno de los cinco jóvenes ‘enmanados’ en su ida o venida de los juzgados sevillanos donde, desde la próxima semana, han de comparecer cada lunes, miércoles y viernes mientras están en libertad provisional bajo fianza a la espera de que se confirme la sentencia que les enviará de nuevo a prisión. Habemus alarma social porque la inmensa mayoría de la población ignoraba que estaban en prisión provisional antes del juicio y de la condena. En muy pocos días ya se olvida la lección a la vista de todos sobre el funcionamiento del Estado de Derecho: Iñaki Urdangarín, cuñado del Rey, entrando en la cárcel, al igual que el ex presidente de Baleares, Jaume Matas, o el ex profesor de Esade, Diego Torres, tras confirmar sus penas de prisión el Tribunal Supremo. Estaban condenados y permanecían en libertad a la espera del recurso y del fallo definitivo. La Justicia ha culminado el proceso y ahora están entre rejas.
En vísperas de los actos reivindicativos sobre la libertad sexual y sobre el respeto a la diversidad, recordemos de nuevo que el infame quinteto de La Manada, epítome del machismo más aborrecible, es vecindario ‘non grato’ tanto en Sevilla como en toda España. Lo que no es de recibo en la actitud de los partidos políticos, a la hora de postularse políticamente en caliente minutos después de saberse que la Audiencia Provincial de Navarra los deja en libertad provisional vigilada porque los magistrados consideran que no van a fugarse ni van a reincidir como violadores, es exclamar que eso genera alarma social, sumarse a las manifestaciones promovidas por los colectivos feministas, y a la vez eludir su responsabilidad como grupos parlamentarios que tienen la potestad de redactar y plantear modificaciones legales con tipificación de excepciones sobre la casuística de la prisión provisional y la libertad provisional. Como mejor se defiende la soberanía popular es sudando la camiseta en el Congreso de los Diputados para hacer política y legislación que encarrile la moralización del país.
Ya pueden darse prisa el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno autonómico navarro, aunque a sus dirigentes no les guste sentirse españoles, y contactar con el Centro de Coordinación Operativa del Ayuntamiento de Sevilla para implantar en las dos próximas semanas, en la cuenta atrás de los preparativos para los Sanfermines, el modelo de control tecnológico de seguridad y orden pública en calles y plazas atestadas que se implantó con éxito en la pasada Semana Santa hispalense. Porque más de una ‘manada’ arribará al calor del despiporre festivo en busca de convertir a alguna joven en su candidata a someterse a su fanfarrón sexo grupal. Pero con mucho más celo para no ser identificados ni dejar pruebas ni cabos sueltos en el caso de que perpetren la felonía mientras la ciudad abarrotada sigue empinando el codo.