El Ayuntamiento de Sevilla no puede consentir ni consentirse que algunas calles de la ciudad estén convertidas o se lleguen a convertir en una especie de territorio peligroso, intransitable o insalubre. Toda acción que se realice buscando que las calles de Sevilla sean seguras y que la convivencia en ellas sea más fácil es deseada por los ciudadanos. La falta de esas acciones suele ser motivo de irritación y termina convertida en factura a pagar en las urnas.
La zona de La Macarena que se conforma por las calles Don Fadrique, Juan de Astorga, Esperanza y Basílica, tal y como denunciaban en las páginas de El Correo de Andalucía los comerciantes y vecinos afectados, se ha convertido en un lugar de riesgo para negocios, para viviendas y, por supuesto, para las personas.
Y el Ayuntamiento debe tomar obligatoriamente las medidas necesarias. Si bien es cierto que se han hecho algunas cosas es más que evidente que no son suficientes. Ahora, hay que acabar con el problema y no modificar su localización. Si no se busca una solución total lo único que se logra es que otros vecinos distintos y en otros lugares diferentes tengan que sufrir las consecuencias de una gestión inadecuada. Porque lo que está sucediendo en esta zona de La Macarena es el resultado de trasladar el conflicto del Pumarejo hasta allí.
El Ayuntamiento tiene la obligación de acabar con este problema. Todos los vecinos de la ciudad, incluidos los que se ven afectados por este problema, pagan sus impuestos cuando llega el momento. Los impuestos deben dedicarse a solucionar problemas de forma inmediata o a implantar medidas que eviten su aparición. No hay excusas.