El Juzgado de Instrucción de Écija se encargará de instruir la querella de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Sevilla contra la empresa propietaria de Las Islas, a la que denunció el Ayuntamiento astigitano por presuntas irregularidades urbanísticas, medioambientales y contra el patrimonio por las obras que lleva a cabo en la finca.
La Sección de Medio Ambiente y Delitos Urbanísticos de la Audiencia Provincial de Sevilla ha abierto diligencias para investigar el caso denunciado por Urbanismo. El pasado 26 de julio, la Concejalía de Gestión del Espacio Urbano denunció que se estaban llevando a cabo obras y movimientos de tierra de gran calado sobre terrenos en los que se asentaban yacimientos arqueológicos con el máximo grado de protección además de otras actuaciones que no contaban con las licencias necesarias.
Trasladada la documentación al Jugado de Instrucción de Écija y a la Fiscalía de Sevilla, junto con denuncias del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, la fiscal concluye que la actuación de la empresa «son hechos que pueden ser constitutivos de un delito de desobediencia según el código penal, que se puede estar incurriendo en un delito contra la ordenación del territorio y un delito contra el patrimonio histórico», relata el concejal de Gestión del Espacio Urbano, Sergio Gómez.
«La Fiscalía ha hecho un estudio bastante concienzudo del asunto, de toda la información remitida, con la sucesión de hechos y todos los informes preceptivos de todos los técnicos, policía, Seprona y por supuesto con informes de arqueología en que se pone de manifiesto la rotura de yacimientos y los trabajos sobre estos sin la correspondiente cautela arqueológica», señala el edil.
Gómez se felicita por la actuación judicial que «ha sido bastante rápida» y esperan que la instrucción del caso «tenga la misma rapidez». «Ahora esperamos la notificación del juez para trasladarle toda la documentación y la que pudiera solicitar, además de testificales de técnicos y policía, valoración de daños e informes que acrediten si esos daños pueden ser recuperables, además de su tasación, para la reposición de la legalidad urbanística», manifestó.
En las obras presuntamente irregulares han resultado dañados tres yacimientos –incluidos en la carta arqueológica municipal, un documento incluido en el PGOU en vigor desde hace nueve años–, con restos de cronología prehistórica, romanos, placas de mármol, fragmentos de ánforas, terra sigilata, de la época visigoda y de la andalusí. «En un breve paseo se sacaron piezas que estaban sobre el terreno», relata Sergio Gómez, ya que «las máquinas habían arrancado material y si se visita la finca están ahora mismo sobre terreno».
Sobre esos daños habrá que hacer una valoración que enviar a los juzgados de Écija, según el responsable municipal de Urbanismo, que señala que habrá que evaluar «si el daño es irreparable, el coste de esos daños y la posibilidad de restauración de la legalidad y su coste económico».
Según el gobierno local, desde finales de noviembre de 2016 se han venido sucediendo denuncias vecinales y del Seprona, que obligaron a Urbanismo a paralizar las obras y a que la Policía Local precintara las instalaciones, al desobedecer la empresa los requerimientos municipales, precintos que aparecieron rotos, lo que motivó finalmente la denuncia del Ayuntamiento de Écija.