Montado sobre una de las planchas que hace 70 años utilizaban los primeros colonos que cultivaron el arroz en el paraje de Isla Mayor del Guadalquivir, Jesús Pino, mira el horizonte de una tierra quebradiza tras haber soltado ya el agua en el que se cultiva el famoso cereal de esta zona. Él es uno de los nueve colonos que a día de hoy trabajan la tierra que tras la Guerra Civil recibió el general Queipo de Llano. La memoria del militar golpista, cuya familia atesora las propiedades que se le entregaron entonces y cuyo legado sigue aún vivo, sigue en estos lares muy presentes pues la Fundación que lleva su nombre es propietaria de 140 hectáreas. Queipo de Llano cedió en 1945 su explotación, comprada gracias a los regalos que Sevilla entregó al general por salvarla de caer bajo el dominio rojo, a una serie de colonos a cambio de una renta que se pagaba con porcentajes del rendimiento agrícola. Hoy los descendientes de estos agricultores luchan para poder seguir labrando una tierra que hoy en día «da los frutos que da gracias al trabajo de los colonos». La última palabra la tendrá la Justicia.
Casi con lágrimas en los ojos estos colonos hablan de sus padres y sus abuelos y de las «penurias» que tuvieron que superar para hacer de estas tierras que pertenecen al término de La Puebla del Río, y de esta zona de la provincia lo que es hoy en día: una de las mayores productoras de arroz a nivel mundial. «Esto era todo pasto, aquí soltaban a los animales para pastar», recuerda Pino, que nació y se crió en una de las casas que los propios colonos levantaron con sus manos junto a las tablas de arroz, «pese a que se les prometió que les iban a dar vivienda». «No tenían ni zapatos, iban descalzos», añade Pablo Carrasco, mientras muestra la foto de su abuelo descalzo montado en un burro. «Aquí se ha pasado muy mal, mucha hambre, y mucho trabajo, todo se hacía a mano», señala José Martos, otro de los colonos. Junto a él, Luis Ríos –yerno de José Pruñonosa, otro de los colonos originarios que falleció recientemente– que nos explica como el terreno se tuvo que ir allanando poco a poco, a mano. El paisaje de entonces nada tiene que ver con el de ahora, esas tablas llenas de aguas y que han sido escenario de la famosa película Isla Mínima. «Barro y mosquitos era lo que había aquí», indican dos hermanos hijos de otro colono, que recuerdan lo duro que fue crecer en un lugar que a día de hoy sigue estando lejos de todo y cuyo paisaje impresiona al foráneo.
Fue al calor de estos colonos y de otros tantos que vinieron a trabajar a estas tierras cuando nació Isla Mayor y los poblados de Alfonso XIII y de Queipo de Llano, hoy en día abandonado y rebautizado el poblado de los Cinco de la Riuela. Allí es donde la mayoría de ellos nacieron y se criaron, viviendo o malviviendo del arroz, con lo que las siete hectáreas que recibieron les dejaban. «Hoy en día no da para vivir porque pagamos la renta, más los gatos de comunidad, la contribución, y los gastos de explotación. Con lo que nos deja es imposible vivir», detalla Luis. Por eso, todos ellos cuentan con un segundo trabajo que les permita tener otros ingresos.
Todos ellos hablan de esta tierra sintiéndola, «porque la hemos trabajado nosotros y si hoy en día son productivas es gracias a todo lo que hemos invertido aquí. Los colonos pagaron todo, las conexiones, los canales, toda la infraestructura». Por ello, su sorpresa fue mayúscula cuando comenzaron a recibir cartas por parte de la Fundación Pro Infancia Queipo de Llano, a los nueve colonos que explotan una parte de las tierras de su propiedad. En las mismas les comunican «que el arrendamiento del que usted es titular sobre la parcela reseñada está en situación de ser dado por finalizado y con ello que le reclamamos la devolución de la posesión y les notificamos expresamente la voluntad de la Fundación de que se le ponga término a ese arrendamiento, se le devuelva la posesión y se le permita obtener la rentabilidad que a esas fincas corresponde». Todo ello, recoge el documento enviado por los abogados de los herederos del exmilitar, debido a que «es obligación de toda fundación obtener la mayor rentabilidad posible de sus bienes y derechos, a efectos de aplicarla a dar el debido cumplimiento a los fines de la Fundación». Además, añaden los abogados que han «recibido el encargo del Patronato de dicha Fundación Pro Infancia Queipo de Llano a fin de realizar las gestiones, judiciales y/o extrajudiciales, oportunas a tales efectos y de realizar con ello las actuaciones oportunas para dar cumplimiento a los fines de la misma y colaborar en obtener de sus bienes la mayor rentabilidad posible en beneficio de los fines para los que deben estar destinadas».
Y así fue. Algunos colonos recibieron cartas «en las que les notificaban el inicio de un procedimiento de desahucio» y a otros les interpusieron un pleito de actualización de rentas. «Pero nos tememos, que el final es que nos desahucien a todos». «¿Y qué pasa entonces con todo lo que nuestros abuelos, padres y nosotros hemos invertido aquí?», se preguntan todos ellos. «Porque ellos recibieron en 1946 una tierra que no producía nada, era pasto. Ellos las hicieron productivas con su trabajo y ahora, cuando funcionan y su valor ha aumentado es cuando quieren echarnos», se lamentan. Estos 70 años no es que hayan sido precisamente tranquilos pues ya en los años 50 las tierras se sacaron a subasta sin avisar a los colonos, «pero quedó desierta porque se publicó con muy poco tiempo». «Mi padre siempre contaba que el general les dijo que esta tierra sería para ellos, aunque nos la iban a querer quitar y por eso les decía que nunca firmaran nada porque entonces nos la iban a quitar», recuerdan Pino y Martos. Aún así, ellos consiguieron ser reconocidos como arrendatarios por una resolución judicial, tal y como recuerda una de las sentencias ya dictadas por este asunto por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Coria del Río.
Este es uno de los órganos judiciales que ya se ha pronunciado al respecto, ya que al haber sido demandados de forma individualizada los asuntos han recaído en juzgados distintos con pronunciamientos distintos. En el caso de Luis, el que fue demandado fue su suegro, entonces aún con vida, y en su caso el juzgado resolvió en parte de forma favorable a él. La jueza aceptaba la petición planteada por la Fundación de incrementar la renta anual por hectárea de los 217 que pagan actualmente a 608 euros, aunque en dicha cuantía incluye «todos los gastos que genere la explotación», salvo el Impuesto de Bienes Inmuebles. Por este motivo, la Fundación recurrió ante la Audiencia Provincial de Sevilla, que ya se pronunciado el algunos casos, aunque «no ha dejado claro qué ocurre con los gastos y nuestro abogado ha solicitado una aclaración, aunque nos han remitido de nuevo al Juzgado de Primera Instancia», indica Ríos.
Ellos temen que la Justicia acabe dándole la razón a la Fundación, como ha ocurrido ya en dos casos a la espera de la citada aclaración. «Si nos cobran la renta de 600 euros por hectárea y además los gastos, esto no es rentable. Entonces nosotros estaríamos trabajando para ellos y el tiempo de los señoritos ya pasó», recalca Luis. «Hay que pagar a la Comunidad de Regantes Queipo de Llano, más el agua que consumimos, esto no se podría sostener», insiste. Para él y los demás colonos, la Fundación trata «de recuperar unos terrenos en los que no ha invertido nada y que ahora son productivos».
Los motivos que alega esta Fundación, al frente de la cuál está Gonzalo García Queipo de Llano que siempre ha declinado realizar declaraciones, es el aumento de beneficios para desarrollar su labor de ayuda. Según recoge las cuentas anuales de la entidad aportadas al Registro de Fundaciones, la propia entidad explica que su «actividad consiste en repartir los ingresos que obtiene fruto del arrendamiento de la finca de su propiedad a los colonos que explotan las tierras», recogiendo el documento que las tierras de su propiedad son las citadas de la Puebla del Río. Las cuentas indican que este ingreso supone 31.541,65 euros y que en el año 2016 repartió entre siete organizaciones 25.000 euros destinados a la infancia, a razón de cantidades que oscilan entre los 7.000 euros que recibió Caritas, los 3.000 euros para Autismo Sevilla, o los 2.500 para Menudos Corazones. La Fundación, sita en un piso de República Argentina, no tiene gastos de personal y solo declara otros gastos como honorarios a profesionales, como los más de 7.200 euros que destina para abogados.
Pero esta Fundación no siempre dedicó su labor a la infancia, pues fue creada por el general como la Fundación Benefico-Social Agraria Queipo de Llano después de que este adquiera estas tierras, que las sumaría a las que ya poseía en Camas, con el Cortijo de Gambogaz y que, a día de hoy, siguen en manos de la familia. Ahora reclama a estos colonos un aumento de las rentas para poder seguir realizando su labor social, que los afectados cuestionan. «No sabemos qué han hecho durante tantos años con nuestra renta, solo sabemos que de vez en cuando entregan una aportación a algunas asociaciones», aseguran, tras recordar que a sus padres hace muchos años los llevaron una vez a un colegio en Camas «para que vieran a lo que dedicaban su dinero». Ellos están dispuestos a negociar, «como siempre se ha hecho cada vez que ha habido que subir la renta», pero tienen claro que no van a renunciar «al esfuerzo que han hecho nuestros padres y abuelos durante muchos años». No van a renunciar «a su sufrimiento, a su trabajo y a la inversión» que ellos han venido realizando durante más de 70 años. No están dispuestos a renunciar a la historia viva de Isla Mayor y sus plantaciones de arroz.