Actualizado: 20 sep 2018 / 19:59
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Los sevillanos tendrán que pagar menos por el IBI de sus viviendas el año que viene. Así lo anunció ayer el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, en la presentación de las líneas generales de las ordenanzas fiscales y los presupuestos para 2019, unas «herramientas fundamentales para el funcionamiento de la ciudad», que espera tener aprobadas antes del 31 de diciembre «para que no se vean empañadas con la campaña» de las municipales.
En concreto, la reducción del IBI a las familias sevillanas será del 5 por ciento –un 8 por ciento en el conjunto del mandato– y del 1 por ciento en el caso de las medianas y grandes empresas. Esto implicará que una familia con una vivienda con un valor catastral de 50.000 euros pasará de pagar 403 euros de IBI al año en 2015 a una cuota de 371,69 euros al cierre de 2019. Además, se reducirá el impuesto del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) en un 3,25 por ciento.
El bloque de modificaciones de las ordenanzas fiscales, que se enviaron ayer mismo a los grupos municipales y al Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS), se cierra con una bonificación del 95 por ciento en el IBI –la misma que los inquilinos de VPO– a los propietarios de pisos que los cedan a Emvisesa para que la empresa municipal los ponga en alquiler social, una medida que no ha recabado todo el apoyo que el Consistorio esperaba y que pretende hacer más atractiva con esta medida fiscal.
Y hasta aquí. El resto de tasas, impuestos y precios públicos quedarán congelados el próximo año. Con este planteamiento de ordenanzas conservador e irremediablemente marcado por el calendario electoral –no en balde serán solo para los cinco meses previos a los comicios locales–, el alcalde de Sevilla prácticamente se garantiza su aprobación puesto que la mayoría de las modificaciones que ha puesto sobre la mesa (bajada de IBI e ICIO) responden a los acuerdos sellados tanto con PP como con Cs el pasado año para arrancar su apoyo a los presupuestos de 2018, como recordó poco después el portavoz de los populares en el Ayuntamiento, Beltrán Pérez, quien recriminó al regidor que no se hayan sentado a negociar. Así, si ambas formaciones dan luz verde a lo que ellas mismas exigieron a Espadas, el primer edil conseguirá sacar adelante de nuevo unas ordenanzas –las cuatro del mandato– que, ya ayer valoraron negativamente sus otrora apoyos para estos grandes exámenes: Participa Sevilla e IU. En concreto, ambas formaciones criticaron que el documento deja a las claras que el alcalde «se echa en manos de la derecha» y la «falta de ambición» del documento, que viene a confirmar que «estamos ante un gobierno municipal totalmente amortizado».
Guiño a los funcionarios
Con este planteamiento de medidas fiscales en el horizonte, con el que Espadas confía en recaudar más que en años anteriores a pesar de la reducción, el regidor presentó las claves del presupuesto, que incorpora la previsión de que tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno central incrementen sus transferencias a la ciudad. En concreto, el alcalde se comprometió a exigir a ambas administraciones, gobernadas por su mismo partido, una actualización de la Patrica –punto que también acordó con el PP el pasado año– en un 10 por ciento –2,5 millones, que se sumarán a los 25 pendientes–, y que las aportaciones del Estado aumenten en 11 millones de euros –un 3 por ciento–.
El texto presupuestario, que es igualmente un acuerdo de mínimos, contempla el mantenimiento de la inversión, el gasto social e incluye, como mayor novedad, la incorporación de los recursos suficientes para afrontar los compromisos suscritos con la plantilla municipal para la aplicación de las 35 horas, que comenzará este mismo año, y para los incrementos tributarios fijados por los Presupuestos Generales del Estado y los propios acuerdos municipales. En total, el alcalde estimó que poner en marcha estas medidas tendrá un coste de 30 millones y, por tanto, «es fundamental su incorporación en los presupuestos», por lo que hizo un llamamiento a la «responsabilidad» de los partidos. «No es un ultimátum, ni un chantaje, pero es nuestra obligación poner esta situación sobre la mesa», dijo Espadas, quien pidió «sacar estos elementos del clima electoral» e insistió en que, de no haber cuentas nuevas, ese montante habrá que sacarlo de otras partidas «pero desde luego no será de servicios sociales, limpieza o transporte», por lo que señaló a otras obras «que necesita la ciudad pero que se tendrían que demorar».
Espadas aprovechó la ocasión para hacer una especie de balance de estos años de mandato en materia presupuestaria y sacó pecho, como él mismo anunció, de la gestión financiera realizada con un superávit de 82,2 millones frente al déficit de 13,7 millones en 2012. «Estos datos demuestran la buena gestión y la capacidad de gasto, que no se puede ejecutar por las limitaciones de la norma estatal», lamentó el primer edil, quien criticó esa supuesta flexibilización para la inversión del superávit, que en realidad es una carrera de «obstáculos» en la que lleva trabajando «meses».
Puso también en valor la reducción de la deuda, que ha pasado de 394 millones en 2015 a 312 millones en 2018 y que espera se quede en 300 millones al final del mandato. Esto supondría 94 millones menos en cuatro años, una de las cifras «más importantes de bajada de esta deuda realizada por un gobierno sevillano mientras se mantienen los servicios». «En estos años hemos demostrado ser un gobierno serio, riguroso, que ha dado la cara por gobiernos anteriores que dejaron facturas en los cajones», concluyó.
