Por una vez los cangrejos han andado para adelante y la cuestión insoluble de que la variedad –el cangrejo rojo– que puebla las marismas (desde poco antes del fin de una dictadura donde las decisiones se tomaban a conveniencia) parece que no lo era. Una sentencia inapelable del Tribunal Supremo prohibía su pesca y comercialización dejando a las islas del Guadalquivir sumidas en un marasmo de contradicciones, a varios empresarios sin empresas y a centenares de familias sin trabajo. La cuestión la ha solucionado una ley, redactada y aprobada por los representantes de los ciudadanos en el período de gobiernos progresistas de José Luis Rodríguez Zapatero, la Ley de Protección del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Después del ruido mediático de aquella sentencia, esta noticia ha pasado casi en silencio. Pocos sabían que se había formado una comisión encargada de encontrar soluciones y casi nadie se acordará dentro de poco del problema. Seguiremos, por el contrario, asentados en el anticiclón del deterioro de la política y succionados por la opinión de que los políticos y los órganos de gobierno de una sociedad no sirven para nada. Se ha impuesto esa atmósfera de la misma manera que ya lo hiciera en otros tiempos: cuando a una humanidad alegre y confiada se le vino encima el mundo tras derribarse el castillo de naipes de Wall Street en 1929. Entonces fue cuando aparecieron por todas partes los caudillos que hicieron leyes a conveniencia de los poderosos. Fue entonces cuando España comenzó a andar para atrás. Como los cangrejos.