Publican los papeles de Panamá y alguien podría pensar que las grandes fortunas huyen de España porque soportan una fuerte presión fiscal y una implacable persecución penal.
En mi opinión, la verdadera presión fiscal recae sobre las nóminas y los autónomos, y será difícil convencerme de otra cosa mientras, por ejemplo, las sociedades de inversión de capital variable, las afamadas SICAV, sigan tributando al uno por ciento en el Impuesto sobre Sociedades.
Por otra parte, y gracias a las últimas reformas legislativas, el delincuente fiscal tiene más oportunidades de regularizar su situación con el fisco, es decir, de declarar y pagar fuera de plazo lo defraudado y obviar la pena de prisión prevista en el artículo 305 del Código Penal. Es como si al autor de un robo con fuerza se le perdonara la cárcel por devolver el dinero sustraído –eso sí, con intereses y tal vez una multa–, incluso después de haber sido descubierto por la policía. Con esta política criminal, el defraudador –lejos de prescindir del fraude por temor al castigo–, se la sigue jugando, y confía primero en que su delito prescriba antes de ser descubierto (normalmente a los cinco años), o en acogerse a una nueva regularización extraordinaria (amnistía fiscal, para entendernos) como la que tuvo lugar en 2012 y que supuso de facto la casi total condonación de defraudaciones tributarias ciertamente cuantiosas. Si nada de esto ocurre y tiene la mala fortuna de ser descubierto, pagará lo que se debe y muy probablemente evitará la prisión. Les recuerdo que el delito fiscal es un delito imposible para el común de los mortales; pocas personas están en condiciones, sobre todo en el IRPF, de defraudar una cuota tributaria de más de 120.000 euros.
Se van a los paraísos fiscales porque aún les parece poco.