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Los principales políticos andaluces de la época en la manifestación autonomista de diciembre de 1977. / El Correo
A lo largo de nuestra historia han existido hechos, personajes y reivindicaciones que se han definido bajo el sobrenombre de Andalucismo Histórico. Desde la Constitución de Antequera en 1883, las Asambleas de Ronda y Córdoba en 1918 y 1919, el intento pro autonomista cercenado violentamente por el golpe militar del 18 de julio... unas y otras fechas han representado un diagnóstico de la realidad andaluza, unos ideales socio políticos y un intento por impulsar un nuevo modelo territorial plurinacional de Estado desde Andalucía.
La insurrección militar de 1936 no sólo supone una brutal represión sobre personas e ideales (el propio Blas Infante sería asesinado), sino que en términos políticos cercena nuestra trayectoria hacia un muy probable autogobierno de no haber existido ese insurrección contra una República legítima. Posiblemente, culminado un mapa territorial de Estado en términos muy parecidos al que tenemos.
En la medida que Andalucía se quedó en puertas y no vota su estatuto, no puede acogerse a la Disposición Transitoria constitucional que, reconociendo aquellos hechos de los años treinta, le otorgaba un estatuto de nacionalidad histórica a tres territorios. De alguna forma se legalizaba lo que pasó en el periodo republicano como manifestación de una voluntad popular autonomista que, ahora, a la llegada de la Transición, Andalucía debía demostrar.
Por eso, ante una Constitución concebida para tres y el resto de autogobiernos diseñados como una mera descentralización administrativa, Andalucía rompe ese modelo. A través de un procedimiento tortuoso y lleno de duras exigencias del bipartidismo de entonces, es la única que accede a ese club de nacionalidades.
Recupera en la Transición aquello que la Historia le niega en 1936. Y lo que es tan importante también: superando ese exclusivo diseño, obliga a buscar soluciones. Tal es el problema de Estado que representa el caso andaluz, que UCD y PSOE pactan a partir de su ejemplo una racionalización de procesos, todos por la vía del artículo 143. Todos aquellos hechos ya forman parte de nuestra Historia y por tanto, también del Andalucismo Histórico.
El 28F se vota pero no se conquistó la autonomía
En términos institucionales celebramos el 28F el Día institucional de Andalucía en recuerdo de una fecha donde tiene lugar el referéndum para la ratificación popular de la posibilidad de una autonomía a través de la vía del artículo 151 de la Constitución. Lo instituye el Consejo de Gobierno ya autonómico con Escuredo en una de sus primeras decisiones una vez concretaba el calendario de días laborales y festivos.
El discurso oficial de la Junta durante tantos años ha venido machacando y haciendo creer una consigna que no es cierta. El 28F se vota pero no se conquistó la autonomía. Es un intento por simplificar las cosas de acuerdo a los intereses del partido que más ha gobernado la Junta. Se ha eliminado por un lado el empuje de las movilizaciones populares que hubo antes y después de esa fecha... y por supuesto, las iniciativas parlamentarias que desbloquearon el procedimiento del artículo 151 por la vía del “interés nacional” (aspecto sólo mencionado en el 144).
Aclaremos. Con la Ley de referéndums en la mano la consulta se pierde al ser condición obligatoria superarla en todas y cada una de las provincias por la mayoría afirmativa del censo: no por mayoría simple de votos afirmativos, ni tampoco mediante una valoración de resultados global para todo el territorio.
En realidad, la trampa representaba que hubiese ocho referéndums. Ahora bien, es cierto que la Constitución mandataba dicha exigencia (art. 151.2.5), y esto ya es un dato que entorpecía objetivamente a aquellos pueblos que quisiesen alcanzar un estatus de comunidad histórica que era reconocido con automatismo a quienes habían plebiscitado durante la II República sus estatutos.
Sin embargo, no es menos cierto que estas estrictas exigencias del tan cacareado “consenso constitucional” pudieran haberse matizado. Ese fue el sentido de dos enmiendas que tanto el Grupo Parlamentario Comunista como el Grupo Andalucista hicieron durante la redacción de la Ley: si alguna provincia no superase dicho listón, que el resto pudiera seguir el procedimiento y repetirse la consulta en la provincia descolgada pasados cinco años.
Las advertencias de ambos fueron desoídas por el bipartidismo de la Transición (PSOE y UCD), de manera que yo percibo que aquello fue ya un ensayo de los pactos autonómicos que vendrían entre dichos grupos para reconvertir los procedimientos autonómicos por el 143 a partir de lo que vive Andalucía. Un dejar entreabierta una puerta para pillarte el pie. Por eso ni los andalucistas ni los comunistas votaron afirmativamente esa ley, sabían lo mucho que se jugaba Andalucía. Y la Historia les dio la razón.
No tenemos una autonomía otorgada
Andalucía conquistó por derecho propio una dimensión política tan inolvidable por presente como irrenunciable. No tenemos una autonomía otorgada, ni por herencias de otras etapas republicanas, ni por generalización uniforme de autonomía administrativa vía artículo 143. Por eso, de cara al futuro proceso constituyente resultan inevitables tener presentes las conquistas del 4D y del 28F.
La Historia, como el tiempo, no se para nunca. Es más, el 4 de diciembre de 1977 el pueblo andaluz nace como sujeto político y reivindica un derecho a decidir que ejerce con la consulta del 28F donde su movilización en pro del sí representa el pulso ganado a un Gobierno centrista que abogaría por la abstención.
Digo con esto que Andalucía es un sujeto activo y fundamental en la construcción de un nuevo proceso constituyente en donde el concepto de un mayor autogobierno en el horizonte de un Estado plural y cada vez más confederal, sea equivalente a una mayor profundización democrática. No se entiende llenarse la boca de plurinacionalidad del Estado y a su vez marginar a Andalucía o usarla como mera estrategia electoral. En buena medida el 28F fue un precedente histórico en Andalucía del 15M.
28 de febrero de 1980
El 28F posee un significado especial, no tanto por el día, aunque ya es importante como tal, sino por cuanto supone de empuje ciudadano hasta que tiene lugar el consenso parlamentario que desbloquea la parálisis (23 de octubre de 1980), lo cual es parte hoy de nuestro irrenunciable patrimonio constitucional.
Estoy convencido de la existencia de un sentimiento cultural o antropológico aceptado y reconocido por los andaluces pero que, sin embargo, no se traduce ese sentimiento en una necesidad de defensa/respuesta política. Somos una nación cultural sin ser nación política. Muchos aspiramos desde muy distintos formatos a esa activación de una conciencia identitaria popular, que signifique la defensa política de aspiraciones sociales y el avance en derechos.
Anhelamos activar la memoria, conciencia y dignidad en este pueblo para que oponga resistencia, se visualice, asuma su identidad y se ponga en valor ante un nacionalismo español cada día tan uniformador como involucionista y reaccionario. Eso sin olvidar la consabida globalización deshumanizadora y totalitaria. Casi el 50 por ciento de la población andaluza de hoy no vivió aquella fecha y aquellos hechos. Este 28F es un buen motivo para acercarse a ello y sentirse un poco más orgullosos de ser andaluces. Anímate.
Manuel Ruiz Romero, Profesor de EGB, Doctor en Historia Contemporánea, Diploma de Estudios Avanzados en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED y especializado en Comunicación Institucional y Marketing político. Pertenece al Grupo de Investigación en Estructura, Historia y Contenidos de la Comunicación de la Universidad de Sevilla (HUM-616). Contacto: mruizromero@ono.com