Todos los días aprendemos algo de derecho constitucional. Las más de las veces, todo sea dicho, con algo de decepción. Otras, aunque sea en el tiempo de descuento, cuando ya jugamos casi sin aire, un juez nos da toda una lección sobre el sentido y naturaleza de los derechos fundamentales, sacando sin complejos las tarjetas rojas oportunas, en forma de auto judicial. Y todo ello a jugadores poderosos y frente a los cuales hasta los miembros del colegio judicial pudieran sentir temor, si no fuese porque saben que sólo aplicando la Constitución y las leyes refuerzan la legitimidad de su función y, a su través, la del entero sistema jurídico de convivencia. Así ha sido: un juez, en el último suspiro de la previa de un partido de fútbol, ha hecho que el sentido constitucional común se imponga. Ahora sí que se puede echar el balón a rodar con entera libertad.
Prohibir la entrada de esteladas en la final de la Copa del Rey era, además de una estupidez política mayúscula, una decisión a todas luces contraria a nuestro ordenamiento jurídico constitucional. La estelada, como cualquier otra bandera, no es más que un símbolo con el que se quiere representar una idea o una opinión. Que sepamos, hasta la fecha, en nuestro sistema jurídico constitucional caben todas las ideas, incluidas por supuesto las que pretenden la independencia de una parte del territorio, y eso es así por más que a muchos no les guste y puedan opinar lo contrario. Somos una sociedad plural que dirime sus diferencias en la contienda electoral, es decir, de forma pacífica y respetando los procedimientos de toma de decisiones.
Por estos motivos, no veo razón alguna para afirmar que la estelada es una «bandera ilegal» por incitar a la violencia, único límite admisible si alguien lo hubiese podido acreditar. Por mi parte lo diría al revés: la estelada es una bandera que la Constitución ampara en cuanto representa una aspiración política legítima que, para triunfar, primero tendrá que convencer. La Constitución no nos impone militancia, podemos pensar distinto de ella o querer reformarla de cabo a rabo. Tan solo obliga, si reformarla se pretende, a que se reúna para tal fin una voluntad mayoritaria a través del diálogo, la negociación y el acuerdo, medios muchos más apropiados en democracia que su contrario, prohibir que se ondeen las ideas.
Que gane el mejor y que cada uno lo exprese como lo sienta.