Desde el momento en el que un inversor lleva a cabo una compra de acciones se convierte en copropietario de la empresa en el porcentaje que le corresponda, según la cantidad invertida y el capital total de dicha empresa cotizada en bolsa.
Es lógico que cuando el inversor compra acciones posea un pequeño porcentaje de la empresa y al mismo tiempo, adquiere con ello, el derecho a recibir los beneficios que correspondan a cada acción del título poseído. Y, ello es consecuencia de que, cuando la empresa cotizada obtiene beneficios con su actividad empresarial, destinará parte de los mismos a repartirlos entre sus accionistas, en unas cantidades acordadas por su Consejo de Administración. A este hecho es al que se denomina beneficio por acción, y, este beneficio se puede repartir en forma de dividendos, utilizando el resto en distintas inversiones, adquisiciones de otras empresas u otras gestiones financieras que le ayuden a seguir generando riqueza en el futuro para mejor rentabilidad de sus accionistas. No obstante lo anterior, las empresas no están obligadas a repartir dividendos de forma obligatoria e incluso, puede que, en situaciones financieras complicadas, eliminen el reparto de dividendos previamente anunciados.
También puede ocurrir, a veces, que una empresa aumente sus beneficios un diez o un veinte por ciento y a su vez realice un ampliación de capital por la misma cuantía, aumentando por tanto su número de acciones de una forma proporcional. En dicho supuesto, el resultado real de esta maniobra financiera por parte de la empresa hará que para el inversor el beneficio por acción no sufra ninguna variación o incremento.
A la hora de invertir, el inversor tendrá que valorar que el precio de las acciones a adquirir se ajusta a las previsiones reales de beneficios futuros, el crecimiento del negocio de la empresa, sumados los activos y patrimonio actual. Esto suele ocasionar que, normalmente, el precio de la acción esté por encima del valor contable de dicha empresa cotizada en Bolsa.