Mucho me temo que el caso de Juana Rivas debe suponer un antes y un después. No sé quién ha asesorado o quién toma la decisión de la secuencia de los hechos que ha provocado una sentencia tan dura contra Juana. Imagino que quien tenía que asesorar jurídicamente no lo hizo de forma acertada o Juana no quiso escuchar, pero el final es una sentencia durísima contra su situación y la situación de sus hijos que se ven privados de su madre. Podremos patalear, hurgar en los archivos para sacar el histórico de las sentencias del juez, podremos indignarnos por lo que creemos que es una injusticia y reivindicar, pero al final Juana Rivas sufre una condena que la llevará a la cárcel y la privará de sus hijos.
Creo que toca reflexionar y analizar porque parece que se han confundido muchas cosas. Se ha obviado que estábamos ante un proceso judicial de sustracción de dos menores, circunstancia que sólo puede ser dirimida por medio de una sentencia. Hemos creído que la justicia que puede amparar el acto de Juana, y el apoyo social, eran suficientes argumentos para que esta saliera absuelta de los numerosos desacatos e incumplimientos de sentencias. Hemos olvidado que el derecho es tan duro en esta materia –y está bien que así sea– precisamente porque pretende evitar que uno de los progenitores actúe contra las resoluciones judiciales y contra el derecho de los menores y el otro progenitor... Hemos olvidado que el acto de denuncia pública de Juana es una cosa justa y las reglas del juego del derecho otra; una cosa es lo abstracto y otra lo concreto; una cosa es la calle y otra los tribunales.