Una compañera acababa de tener su primer hijo, así que fuimos a su casa una tarde con un ramo de flores para ella y el clásico regalo para el recién nacido. A los diez minutos de estar allí su marido se quedó dormido en el sofá y nosotros nos despedimos inmediatamente, conscientes de que nos había hecho destinatarios de un afectuoso «vámonos a dormir, que esta gente querrá marcharse».
Veinte años después, unos cuantos colegas –entre los que se encuentra la antigua madre primeriza– tomamos una copa en un bar. En el instante anterior a disolver nuestra amable reunión, el marido de la susodicha hace su segunda aparición en nuestras vidas, arrastrando una maletita trolley porque dice estar de vuelta de uno de sus viajes de mega ejecutivo agresivo. En los quince minutos siguientes y dando por hecho que conoce nuestro ámbito laboral mucho mejor que nosotros mismos, se dedica a cortarle un traje a otro compañero ausente –jurista brillante, merecidamente reconocido en nuestro gremio– que resulta ser amigo de alguno de los presentes. El espontáneo chorrea desparpajo en su discurso maledicente, ante el estupor infructuoso de su señora. Después de un silencio más incómodo que tragar algodón hidrófilo, uno de los presentes murmura entre dientes, «para hablar así de ciertas personas, deberías fijarte a quién te diriges». Al tipo se le colorean los mofletes del magenta de Rosa Díez y al salir del bar acierta a decir «no te molestes, Menganito, que todo ha sido una broma».
El principio de presunción de inocencia es una garantía constitucional en virtud de la cual, toda persona que resulte acusada tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la Ley y en un juicio público en el que se le aseguren todas las garantías necesarias para su defensa. Dicho lo cual, creo no necesitar más secuencias separadas por veinte años para decir sin temor a equivocarme que el marido de la compañera es culpable. Lo que no sabría concretar es exactamente de qué.