El viernes 10 de febrero se cumplían cinco años de la entrada en vigor de la reforma laboral impuesta por el gobierno del Partido Popular. Una reforma que ha contado desde sus inicios con la oposición de los sindicatos de clase de este país como lo demuestra la convocatoria de huelga general que tuvo lugar el 29 de marzo de ese mismo año y a la que le han seguido miles de acciones judiciales y conflictos laborales durante estos años.
Los sindicatos calificaron esta reforma como injusta, ineficaz e inútil para acabar con los problemas de desempleo y con la inestabilidad laboral que, de manera estructural, se venía soportando en nuestro país y, que se vieron agravadas no solo por la intensa crisis económica que soportábamos y que aún vivimos, si no también por la convivencia con un modelo productivo frágil.
Argumentaban, por un lado, que los problemas del mundo de trabajo no se solucionaban retorciendo la norma laboral, sino que por el contrario, lo que necesitábamos –y aun necesitamos– es una visión empresarial a largo plazo, que invierta en aumentar la proyección y complejidad tecnológica e innovadora de sus productos para aumentar su propio desarrollo y extensión, y una orientación y planificación sectorial por parte de los gobiernos que promuevan la generación de riqueza estable y distributiva. Pero no, los primeros estaban más centrados en la obtención del máximo beneficio en el menor tiempo posible, favoreciendo la especulación y la mera reducción de costes laborales; y los segundos, habían abandonado las políticas de reinversión y cambio de modelo productivo dejándose llevar por las mieles de los años de esplendor económico.
Denunciaron también los sindicatos que dicha reforma tenía un enorme trasfondo ideológico pues todas y cada una de las medidas que contenía iban destinadas a perjudicar y empobrecer al conjunto de los trabajadores y trabajadoras; a limitar los derechos y garantías laborales y a desregular y debilitar la acción colectiva de los mismos individualizando las relaciones de trabajo y por tanto dinamitando la negociación colectiva y las relaciones laborales.
Por su parte, el gobierno de Mariano Rajoy presentaba su ley al conjunto de la ciudadanía resaltando en su exposición de motivos tres de objetivos principales que justificaban llevar a cabo dicha reforma laboral: en primer lugar disminuir las alarmantes cifras de paro facilitando la contratación de jóvenes y personas paradas de larga duración; en segundo lugar reducir las altas cifras de temporalidad potenciando los contratos indefinidos frente los temporales; y en tercer lugar, favorecer la contratación indefinida, y que el despido se convirtiera en el último recurso de las empresas en crisis.
Pero en cambio escondió uno de los objetivos fundamentales de esta reforma: dar herramientas a las empresas para poder rebajar salarios y así acometer la devaluación salarial que todos los organismos nacionales e internacionales, siguiendo los dictados que el capital, imponían a los países de la periferia de Europa, entre ellos España.
Y los mecanismos que se aprobaron con la reforma laboral actuaron como un puzzle en pro de ese objetivo. En primer lugar modificar la contratación para precarizar condiciones laborales y aumentar las desigualdades que ya de por sí sufrían mujeres y jóvenes; en segundo lugar aumentar la inseguridad y el miedo de las personas trabajadoras facilitando y abaratando el despido y engrosando ese «ejército de reserva» de personas en desempleo que debilita las acciones de lucha y reivindicación de la clase trabajadora. Pero sin duda la diana se situaba en acabar con el principal factor de pre-distribución de las rentas y la igualdad, la negociación colectiva, porque ahí es donde las personas trabajadoras le disputamos los beneficios al capital, y donde podemos limitar el aumento de la riqueza de unos pocos y el empobrecimiento a muchos.
Y desde luego las empresas han hecho uso de esos mecanismos, no tanto en la ruptura de los marcos de negociación sectoriales y territoriales, sino haciendo uso de descuelgues de convenios en los que el 90 por ciento son por motivos salariales, y de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, un arma potente para las pymes andaluzas por el que se han degradado condiciones de trabajo hasta límites desconocidos ya que este mecanismo escapa a controles tanto administrativos como sindicales.
Pero es que, nunca fue un problema de costes laborales, como nos vendieron, sino de endeudamiento privado, de avaricia y especulación del sector financiero y de falta de valor añadido, innovación y productividad de las empresas, entre otras cuestiones.
Resulta curioso que en todos estos años el gobierno de Mariano Rajoy sólo haya emitido un informe global de evaluación de su reforma laboral, acudiendo a datos parciales y coyunturales para sacar pecho y emitir soflamas triunfalistas como por ejemplo que hemos pasado de 5 millones de personas en paro a 4,5 millones en estos 5 años (medias anuales 2011-2016).
Cuando lo cierto y verdad es que tras cinco años de aplicación efectiva de esta reforma laboral, la realidad vivida por el conjunto de la población española y especialmente por los trabajadores y trabajadoras es bien distinta. El paro continúa y son millones de personas la que quiere trabajar y no pueden hacerlo, muchas de ellas soportando esta situación durante años y atravesando situaciones de extrema necesidad. Ahora, cuando se consigue un trabajo, se realiza bajo mayor presión –no en vano han aumentado los accidentes en el trabajo y enfermedades derivadas del presentismo laboral–, las jornadas de trabajo son más largas, –aunque tu contrato diga que es a tiempo parcial– impidiendo conciliar, tener una vida familiar o simplemente descansar; los salarios son tan bajos que llegar a final de mes se convierte en una odisea, sobretodo si eres mujer o tienes menos de 30 años; y que si reclamas cualquier mejora en la empresa está claro donde acabas porque el despido ya no juega el papel de protección que tuvo en otro momento. Y la negociación colectiva ha sido aguantada por los trabajadores y trabajadoras en los miles de conflictos laborales, y restaurada por las distintas sentencias judiciales que demostraban el rejonazo de muerte que se pretendía dar al Derecho Laboral en nuestro país.
Es por tanto más que evidente que la reforma laboral impuesta en 2012 por el Partido Popular ha significado destrucción de empleo estable, devaluación salarial, mayor facilidad para el despido, apuesta por la jornada parcial, incremento del poder de los grandes núcleos empresariales y deterioro de la negociación colectiva y de la intervención sindical.
O lo que es lo mismo, con esta reforma se ha incrementado el reparto de la desigualdad de la riqueza, favoreciendo una España de dos velocidades, donde los ricos son más ricos y los trabajadores y trabajadoras y los pequeños comerciantes somos más pobres.
El pasado mes de diciembre en el Congreso de los Diputados se pidió mayoritariamente –con el voto en contra del Partido Popular y la abstención de Ciudadanos– la derogación de esta reforma. Es clave derogarla para recomponer el modelo laboral y social de este país, reducir las desigualdades y promover el surgimiento de un modelo productivo fuerte y estable.
Los partidos de izquierda tienen en su mano evitar que esta reforma se arraigue en nuestro país, posibilitando el cambio hacia una sociedad moderna y dejando atrás recetas añejas de absolutismo poder empresarial y donde la democracia social –empezando por las empresas– sea la clave para ganar en derechos, para generar riqueza, para aumentar la productividad y para generar empleo de calidad. ¿Estarán a la altura de lo que requieren las circunstancias los dirigentes de la izquierda política? ¿Apostarán por recuperar el valor y la dignidad del trabajo? Por el bien de este país y por el futuro de sus gentes esperemos que así sea.