La situación de interinidad del gobierno y la improrrogable falta de entendimiento entre las formaciones políticas tras el 20-D, nos depara ahora una nueva viñeta de este cómic político que parece no acabar nunca. El nuevo conflicto institucional, como lo ha etiquetado el presidente del Congreso, tiene que ver con el rechazo del Gobierno en funciones a someterse a las sesiones de control en el Parlamento. Como sabemos, además de la función legislativa, la Cámara baja tiene como cometido el control del Ejecutivo, al que mediante comparecencias, preguntas e interpelaciones, se solicita información y explicaciones sobre la gestión gubernamental. Esta dinámica parlamentaria frecuente se ha visto interrumpida por la negativa del Ejecutivo provisional a verse sometido al control del Congreso. La pregunta que procede, por tanto, es si la denegación del Gobierno tiene respaldo jurídico, o bien resulta arbitraria.
Los argumentos del Gobierno, en carta de la Vicepresidenta, se reducen a dos. El primero busca una lógica parlamentaria curiosa, y se plantea del siguiente modo: como el Gobierno en funciones no cuenta con la confianza de la Cámara, ésta no puede controlarlo. A mi juicio, la lógica marca la conclusión inversa: precisamente por no tener la confianza de las Cortes, el Gobierno debe dar cuentas a quien tiene la legitimidad soberana, no sólo directa, sino más cercana en el tiempo. De este modo, o a esta postura le falta recorrido argumental, o me resulta cuanto menos irrisoria.
En cuanto al segundo de los motivos, éste si tiene (o pretende tener) raíz jurídica, y se ampara en las limitaciones que la ley dispone para el Gobierno en funciones. Dichas limitaciones restringen la acción del Ejecutivo “al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas”. El lío se ha montado al entender el Ejecutivo interino que la Ley sólo le permite realizar actos de gestión ordinarios, de forma que no podría realizar un acto político como es la comparecencia del Presidente o un ministro en el Pleno o la Comisión de una Cámara. Lo que sucede es que la Ley, al enfatizar la restricción de movimientos de un Gobierno en funciones, no concreta si dentro de su ordinaria gestión, cabe un sometimiento al Congreso. En esta disquisición, me inclino a favor de una sesión de control de este gobierno, habida cuenta de lo que lleva (y le queda) y de que todos los actos y omisiones del Gobierno están sometidos al control político de las Cortes Generales (art. 26.2 Ley del Gobierno). De todas formas, me parece que este embrollo, más que a enfrentamiento institucional, responde a falta de previsiones constitucionales, de tal forma que puede ser una opción razonable dejar que sea el Tribunal Constitucional quien dirima el conflicto y, de paso, siente doctrina de cara a futuras ocasiones.
Ahora bien, ¿dónde está realmente el problema? (si es que lo hay) ¿En saltarse las formas?. ¿En interpretar la ley en clave política? ¿Qué habría de nuevo en ello? Como abogado, rechazo tajantemente la transgresión de las formalidades, cauce sagrado para garantizar la legalidad de las actuaciones, pero materialmente, la trascendencia y repercusión de esta frustrada sesión de control intuyo que responde a intereses partidistas para alzar la voz en el Parlamento. Así, si ya ha comparecido el ministro de asuntos exteriores para informar de los temas tratados en el Consejo Europeo del pasado 18 y 19 de febrero (con la cuestión del Brexit como tema principal), si la gestión de este ejecutivo transitorio se encuentra legalmente más que limitada, y si en el tema de mayor importancia actual como es el de los refugiados, la postura de España ha sido consensuada previamente entre el Parlamento, entonces esta sesión carece de un interés exclusivamente político y si partidista, de quienes quieren aprovechar las instituciones para hacer campaña. Por tanto, pese a que me disgusta la decisión del gobierno en funciones, habida cuenta que aun no tenemos uno estable tres meses después de las elecciones, creo que esto debe valer para urgir a las formaciones políticas a intensificar el diálogo para desbloquear la situación actual, y no como escenario de enfrentamientos en clave electoral.