En Gerona-Girona, el SÍ a la Constitución sumó el 89,78% de los votos en el referéndum del 6 de Diciembre de 1978. Ya llevaba un año reestablecido el reconocimiento de la Generalitat como institución del autogobierno catalán dentro del Estado español. Las negociaciones las encabezaron Adolfo Suárez, que antes de ser presidente del Gobierno para pilotar la Transición había ocupado el cargo de Secretario General del Movimiento durante los últimos años del franquismo, y Josep Tarradellas, exiliado desde 1939 a 1977, que salvó la vida refugiándose en Suiza porque Franco pidió a Petain que lo detuviera en Francia y lo extraditara para fusilarlo en España como a Lluis Companys.
Cuarenta años después, treinta de ellos con adoctrinamiento nacionalista en los colegios e institutos catalanes, quienes más llaman la atención en Gerona-Girona durante la festividad de la Constitución son las pandillas de jóvenes veinteañeros aleccionados en el odio a España. Ávidos de encapucharse para jugar a la guerrilla urbana, han cargado contra los agentes de la policía autonómica a las órdenes de la Generalitat porque protegían un acto de homenaje a la Constitución. No aman a Cataluña ni la millonésima parte de lo que la amó Tarradellas.
Dos días antes de la efeméride, independentistas de más edad, de una franja entre los cuarenta y los cincuenta años, que en sus vidas solo han conocido el mejor periodo histórico de paz y democracia fraguado al sur de los Pirineos, se afanaron en boicotear en una plaza de Barcelona un acto de Manuel Valls, candidato apoyado por Ciudadanos para las elecciones municipales. En la capital catalana, el SÍ a la Constitución aglutinó el 90,38% de los votos, más que en las ciudades de Castilla, Aragón y Extremadura, por ejemplo.
En Cádiz, donde se presume de ser hace dos siglos cuna del liberalismo y del constitucionalismo, se han manifestado personas alentadas por Podemos, partido integrante de la candidatura más votada en la capital gaditana en las elecciones autonómicas del 2 de diciembre, para protestar por el número de paisanos que han metido en las urnas la papeleta de Vox, quinto en el orden de preferencias. Insólita manifestación en la democracia española contemporánea, basada en los principios del sufragio universal y de las mayorías parlamentarias. Quienes la convocaron por las redes sociales para acusar a Vox de partido fascista no sabían gestionarla en la vía pública. De ello se aprovecharon algunos radicales antisistema, encapuchados, que agredieron a varios periodistas (ataque contra la libertad de información), quemaron contenedores (ataque al mobiliario urbano que pagan todos los contribuyentes) y reventaron escaparates de comercios (ataque a los bienes de otros vecinos).
Cuando hace 40 años se luchaba de verdad en España por instituir un sistema político de derechos y libertades para todos, los dirigentes del Partido Comunista y de Comisiones Obreras dejaban atrás el tremendo agravio biográfico que suponía haber vivido años de exilio, prisión y clandestinidad, y negociaban un pacto nacional de reconciliación con personas como Fraga y Martín Villa, que habían prosperado en la política durante la dictadura. Consiguieron lo importante: crear un Estado Social y Democrático de Derecho homologable a la Europa admirada, renunciando a los símbolos republicanos. Aprobaron la estabilización económica del país a través de los Pactos de la Moncloa. No se les nubló la vista sobre cuál era el objetivo prioritario pese a sufrir asesinatos como el de la matanza de compañeros abogados en el barrio madrileño de Atocha. Ni se les ocurrió manifestarse en protesta y pataleo por recibir menos votos de los que estimaban merecer. Y cuando se manifestaban en pro de sus causas sabían controlar perfectamente que todo discurriera de modo cívico, sabían evitar que los provocadores se infiltraran y alteraran el orden público, lo que estaban deseando quienes no querían un régimen integrador.
En todo el planeta se estudia el proceso constituyente español de 1976 a 1978 como un gran éxito para la prosperidad de un país cuando quiere aprender de su peor historia para no repetirla. Sin embargo, en España, hay partidos políticos y gobernantes autonómicos que no van a su celebración, pese a que es su obligación representar a toda la población, que de modo muy extendido continúa identificándose con la Carta Magna. Y otros partidos acuden solo para mostrarse desagradecidos con una herencia tan formidable, de la que se benefician. Todo ello en un contexto de acusaciones cruzadas entre los partidos mayoritarios por pactar con los extremistas. Sin decir que lo sensato y lo positivo para el común de la población es que decidieran pactar entre ellos mismos. Que para eso están mandatados, para ser útiles. Ya sean pactos de investidura, de gobierno, de legislatura o de grandes mejoras siempre postergadas.
Cuarenta años después, la madurez constitucional sufre un largo proceso de erosión porque ha ido ganando terreno la inmadurez política. Y los partidos políticos son considerados ya por la ciudadanía como el segundo motivo de preocupación, solo por detrás del desempleo. Están haciendo deméritos para alzarse pronto con el primer puesto. Evitemos que eso ocurra, porque la riada de problemas nos desbordaría a casi todos, mientras que los apóstoles de la irresponsabilidad ya habrían huido para refugiarse de sus errores.