Ya lo habíamos escrito otras veces. El histórico Toro de la Vega había alcanzado el siglo XXI herido de muerte. La absoluta falta de estética; los hilos débiles del rito y hasta la masificación que lo rodea no eran la mejor defensa para mantener una costumbre ancestral que sí gozaba de la comunión general de sus legítimos dueños: el pueblo de Tordesillas. Seguramente hay que empezar por ahí para conocer las auténticas claves afectivas de una celebración que no se debe –ni se puede– juzgar a la ligera ni con argumentos de manual. Seamos claros. La determinación del gobierno popular de Castilla y León llega en un momento de zozobra electoral en la que se pretende pescar votos en todas las charcas y vestir otras chaquetas. Se ha sucumbido al lamento de unos pocos en perjuicio de muchos que, ya lo verán, tampoco se quedarán cruzados de brazos. Pero esos pocos, alentados por los poderosos lobbys animalistas, han sabido presentar a la opinión pública el sacrificio ancestral del animal como una mera carnicería hasta encontrar simpatías dentro del propio ámbito taurino. La defensa del sector, una vez más, deja mucho que desear. Cada barrera que cae es una concesión irremediable a esa marea abolicionista que sólo persigue prohibir por prohibir; imponer la voluntad de unos cuantos a la libertad de la mayoría. Es una certeza irremediable: la democracia emprendió hace ya tiempo el camino de lo políticamente correcto o, si lo prefieren, de cierto despotismo que cada vez tiene menos de ilustrado. Así nos va.