Entre el 8 y el 17 de marzo de este año, miles de personas indignadas han tomado las calles de España. Una huelga general feminista con presencia en la calle el 8 de marzo y una masiva manifestación por la mejora de la pensiones el 17 del mismo mes, dos hitos de gran relevancia para la sociedad española. Millones de personas indignadas, 9,5 millones de pensionistas claman por la dignidad y unos 6 millones de mujeres claman por la igualdad. Casi 15 millones de indignados. La subida de las pensiones del 0,25% es una bofetada a los españoles que han trabajado con generosidad y sacrificio por España, y que han sostenido muchos de ellos a sus familiares durante esta crisis que vivimos y que no ha finalizado para un elevado porcentaje de la población a pesar del incremento del PIB. Macroeconomía por encima de la microeconomía; un ecosistema insostenible socialmente. Más ricos pero también más pobres en España; se incrementa la brecha. Centenares de manifestaciones en toda España han pedido el fin de discriminación de derechos entre hombres y mujeres, y pensiones dignas y su revalorización conforme a la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC). Teniendo en cuenta que tienen posibilidad de votar unos 36,5 millones de españoles, ¿quiere decir esto que en las próximas elecciones habrá cerca de la mitad de los votantes potenciales en un estado de manifiesta indignación? Este hecho debería ser meditado por el partido en el Gobierno y por los partidos que pretenden llegara a ser Gobierno. La ciudadanía indignada, justamente indignada y que se siente engañada, debería avisar que va a meditar su voto, y así podríamos mejorar la situación de desigualdad y desequilibrio injusto que ha llevado a la toma de las calles por la ciudadanía. En España existen 8,7 millones de pensionistas que cobran de media 932 euros anuales, pero hay 3,15 millones de jubilados que cobran pensiones que quedan por debajo del umbral de pobreza, establecido en 8.200 euros al año. Las mujeres son las más afectadas. De acuerdo con el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) a partir de datos de la Estadística de mercado de trabajo y pensiones en las fuentes tributarias de 2016 elaborado por la Agencia Tributaria, una de cada tres pensiones está por debajo del umbral de pobreza. Los pensionistas vascos son los que más cobran de media, seguidos de madrileños, asturianos y navarros, por encima de los 1.000 euros. El resto, por debajo del límite de los 1.000 euros. Los extremeños los que menos cobran. Cataluña es la comunidad con mayor número de beneficiarios. El 37,8% de los pensionistas andaluces están por debajo del umbral de pobreza. El 58,6% de los pensionistas andaluces que perciben pensiones por debajo del umbral de pobreza son mujeres. Las mujeres mayores de 65 años cobran una pensión un 45% inferior a las de los hombres en la misma franja de edad. Una importante brecha que desvela una injusta e intolerable situación que conduce a la indignación. Habría que preguntarse de quien es la culpa y actuar en las urnas en consecuencia en 2019. Indignados en la calle e indignados en las urnas. La revalorización de la pensiones mínimas ha sido supeditada por el Gobierno de España a la aprobación de los presupuestos para el año 2018. Si hemos rescatado en España autopistas de peaje y bancos, si hemos amnistiado a los que tenían el dinero fuera ¿porqué no se rescatan las pensiones y las diferencias salariales entre mujeres y hombres? En España hay 2,08 trabajadores o cotizantes por cada pensionista, una proporción que se estima muy baja. Los sombríos mensajes sobre el incierto futuro del sistema público de pensiones han conseguido que en los últimos años prosperara la contratación masiva y progresiva de planes privados de pensiones, en quien podía permitírselo. Indignante esa frase que alguien ha dicho acerca de que los jóvenes deberían guardar 2 euros al mes para su jubilación. Planes privados, un nuevo negocio en esta España donde la intentona de privatizaciones se manifiesta en diversos ámbitos. Para el pueblo español es malo la debilitación de la democracia por el peso del poder financiero y la visión privatizadora del futuro como escenario tendencial. En una tribuna anterior hicimos balance la movilización feminista del 8 de marzo; en ésta lo haremos de las movilizaciones de pensionistas del 17 de marzo. Ambas expresan la indignación en las calles. En las manifestaciones por unas pensiones justas, de acuerdo con diferentes medios de comunicación, han salido a la calle, 40.000 pensionistas en Sevilla bajo una intensa lluvia, 80.000 en Madrid, 50.000 en Cataluña, 150.000 en el conjunto de Euskadi. En las manifestaciones se decía, «ni con agua ni con viento detienen el movimiento», un nuevo 15M. Un 75% de los españoles piensa que el futuro de las pensiones no está garantizado, según el barómetro de La Sexta. Un 92% piensa que hay que revalorizar las pensiones según el Índice de Precios de Consumo. La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) ha asegurado que las manifestaciones son “un clamor y una exigencia de la sociedad para que se blinden las pensiones en la Constitución”. Según defiende la mesa, las pensiones deben aparecer en la Constitución como un derecho fundamental y se tiene que prohibir explícitamente su privatización o que pierdan poder adquisitivo. No se recuerda tanta indignación desde el 15 M. La presencia en las calles es muy importante ya que los políticos son muy sensibles a ella. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en su informe Retos más allá de la sostenibilidad financiera, se hace necesaria para España la presencia de 5,5 millones de inmigrantes hasta el año 2050, ahorrar un 5% del salario, subir las cotizaciones de los sueldos altos y aumentar la proporción de personas trabajando. El 80% de los españoles no puede pagar un plan privado de pensiones, ni ahorrar nada. El FMI se olvida de la desatención de los sucesivos gobiernos de España a los avisos del la Organización Mundial de la Salud acerca de nuestra situación demográfica manifiestamente insostenible. La pirámide demográfica española conduciría a la extinción a cualquier población que tuviese una similar en el mundo natural. Los jóvenes españoles no pueden tener hijos porque no tienen un trabajo digno. Una vergüenza. Los jubilados que ahora tienen 70 años expresan que nunca se le habría ocurrido pensar las dificultades que les esperaban después de 40 años trabajando. Daniel Innerarity, en su libro La política en tiempos de indignación (Galaxia Gutenberg, 2015) dice que en una época de indignación se cuestionan y critican muchas cosas que dábamos por pacíficamente compartidas, y las calles se llena de manifestantes como un revulsivo, pero también aparece el desconcierto ante tanta incertidumbre. Necesitamos soluciones ahora.