Estos días se debate en el Consejo de Cooperación al Desarrollo el llamado «examen de Pares sobre España» mediante el que cada cuatro años, el gobierno español somete su política de cooperación a un examen realizado por países que también forman parte del CAD (Comité de Ayuda al Desarrollo) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En esta ocasión fueron miembros de la cooperación alemana e inglesa quienes realizaron el peer review, incluyendo entrevistas con el gobierno español, la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), la sociedad civil, y algunos socios locales con quienes se están realizando actuaciones de cooperación.
Las ONG de desarrollo que participan del Consejo de Cooperación, con las que hemos consultado, coinciden en describir la situación de esta política en España como catastrófica. En medio del contexto europeo, España aparece como un patito feo que pierde recursos y capacidades cada año hasta alcanzar el nivel actual; un vergonzante 0,13 por ciento RNB destinado a Ayuda Oficial al Desarrollo. Estas cifras nos sitúan en niveles que no se conocían desde los años ochenta. Estamos en el pelotón de cola, incluso por detrás en esfuerzo de países como Grecia, Portugal, Estonia o Eslovenia.
Tras tres años de crecimiento económico, el Gobierno no está cumpliendo su promesa de recuperar el nivel de recursos; una decisión que mina nuestra credibilidad como socio internacional comprometido. A pesar de los reiterados anuncios del gobierno por aumentar la AOD en 2015 y 2016, en la práctica el bajo nivel de ejecución presupuestaria acaba por anular cualquier esfuerzo, impidiendo ver con claridad si realmente existe ambición en el gobierno por retomar la senda hacia el 0’7. No es de extrañar que el CAD recomiende al gobierno, como reiteradamente han pedido las ONGD y el Consejo de Cooperación, establecer una clara hoja de ruta hacia el 0’7 y reafirmar su compromiso con los países menos desarrollados.
Pero además, sigue el informe del CAD, los pocos recursos disponibles no siempre se han usado del modo más eficaz posible, sea por la financiación de actividades en países no prioritarios, porque la ayuda programática carece de elementos esenciales que este tipo de ayuda requiere (como el liderazgo del país socio) o porque los recursos en un horizonte plurianual no son realmente predecibles, ya que dependen de los presupuestos anuales aprobados sucesivamente, no siendo realmente más que una «previsión».
Una ayuda para el desarrollo eficaz es clave para «no dejar a nadie atrás». La cooperación internacional al desarrollo tiene que ser una política al servicio de las comunidades de todo el mundo en una situación de alta vulnerabilidad frente a los riesgos e impactos de la crisis económica-financiera mundial, el cambio climático, la crisis energéticas, la pérdida de biodiversidad, el aumento de las desigualdades sociales, la crisis de los refugiados, las diferencias de género, la crisis de los cuidados, etc.
De acuerdo con la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, combatir la desigualdad y la injusticia, y solucionar el cambio climático antes de 2030, se necesita destinar anualmente un 2 por ciento del PIB global para su financiación. Al menos, el 50 por ciento de esta cantidad debe provenir de la movilización de recursos públicos internos de los países ricos y en desarrollo-mediante la ampliación y progresividad de las bases fiscales, la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, etc.-, y entre 220.000 y 260.000 millones de dólares de la financiación pública internacional. En definitiva, la existencia de recursos estará determinada por el establecimiento de marcos políticos, financieros y fiscales estables en los países desarrollados.
Como indica el informe Aidwatch de la plataforma de ONGs de desarrollo europea Concord, «Europa se encuentra actualmente revisando sus prioridades de desarrollo para los próximos 10 años –el denominado Consenso Europeo de Desarrollo–. Se encuentra ante el dilema de actuar desde el miedo y el blindaje, con foco en el corto plazo, o de ser una región líder en la resolución de los problemas globales. Esta última opción pasa por marcos y compromisos de largo plazo, incluyendo la práctica de una coherencia de políticas que permita garantizar un mundo justo y sostenible dentro y fuera de nuestras propias fronteras».
A la luz de los datos que aporta la OCDE, parece improbable que el nuevo gobierno de Rajoy vaya a tomarse en serio este objetivo y refuerce la política de cooperación para cumplir con los acuerdos y recomendaciones internacionales, especialmente los que afectan a las personas más vulnerables.
Una particularidad única de la cooperación española es la cooperación descentralizada realizada desde ayuntamientos, comunidades autónomas y diputaciones, que habiendo sido un modelo mundial, avanza ahora como barco a la deriva sin saber bien hacia dónde se dirige. En términos presupuestarios, ha supuesto en algunos momentos más del 15 por ciento del total de la AOD española.
Andalucía ha estado durante muchos años en la vanguardia de ese compromiso, y sigue siendo a día de hoy la comunidad autónoma que más dinero invierte en cooperación internacional, porque si nos detenemos en la situación de otras comunidades, pese a los compromisos electorales y pese a los nuevos gobiernos, es difícil encontrar una apuesta decidida por una política pública que ponga en valor la solidaridad y la cooperación de nuestros territorios. Sin embargo, y a pesar de que el proyecto de presupuestos incluye un aumento del 2,8 por ciento para las cuentas públicas andaluzas, la propuesta de la Junta de Andalucía para financiar la política de cooperación internacional para el desarrollo no sólo no nos acerca al cumplimiento de los compromisos presupuestarios recogidos en el Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo (PACODE) 2015-2018, sino que supone un nuevo retroceso en la financiación de una política que ya ha sido duramente golpeada estos años con recortes por encima de la media. En este sentido, las ONG andaluzas señalan que la propuesta del Proyecto de Ley supone que la AOD andaluza sería un 0,15 por ciento, por debajo del 0,16 por ciento del año pasado y muy lejos del 0,45 por ciento previsto para 2017 en el PACODE. Es decir, en niveles muy similares a los del gobierno de Mariano Rajoy. Esto pone en evidencia que la cooperación se plantea también en Andalucía como una política secundaria o superflua de la que se puede prescindir en tiempos difíciles, en tiempos de negociaciones parlamentarias, control del déficit público o reducción del gasto de las autonomías.
Un discurso que contrasta además de con los compromisos electorales, con los montos que moviliza la cooperación internacional, que son extremadamente pequeños si los comparamos con cualquier otra partida, tanto en términos globales como proporcionalmente por persona y año.
Así, según un informe de la ONG Entreculturas «los 138 millones de euros que todas las comunidades autónomas presupuestaron para la cooperación en 2015 equivalen a menos de 3 euros por persona al año, una cantidad ridícula si la comparamos con el dinero que nos gastamos anualmente en lotería (48 euros) o con lo que nos gastamos en bebidas, bollería y golosinas tomadas fuera de casa (475 euros)».
Y también contrasta con la propia opinión de la ciudadanía, que parece tener claro que la solidaridad con los que más lo necesitan debe ser un imperativo ético y moral que se traduzca en una política pública permanente, tal y como se recoge en el último eurobarómetro donde el 90 por ciento de los españoles entrevistados opinan que ayudar a las personas de los países en desarrollo es importante. Como apunta el citado informe «los españoles junto a los suecos, los que más defienden que la lucha contra la pobreza en los países en desarrollo debería ser una de las principales prioridades de su gobierno nacional». En consonancia con la posición de su ciudadanía, el gobierno sueco destina el 0,87 por ciento del producto interior bruto a la cooperación para el desarrollo, mientras aquí seguimos anclados en las mismas cifras que hace 30 años.