En Andalucía Cada año se les corta el agua a más de 300.000 personas por no poder hacer frente al pago del recibo. La campaña electoral ha metido en programas como el del PSOE el ’minimo vital’ que establece la ONU. El lobby de las grandes multinacionales privadas del agua niegan que sea algo necesario. Los operadores públicos se reunirán próximamente en Sevilla para implementar este derecho.

En plena crisis económica y una vez aprobada en 2010 una resolución por la ONU que implicaba que el agua y el saneamiento eran un derecho humano, Andalucía vivió una ápoca negra en torno a los desahucios hídricos. En 2013 la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas), calculó que se tramitaban al año más de 500.000 avisos de corte, un 30% más que hacía cuatro años. De estos, se llegaban a ejecutar un 60%, es decir, 300.000.

Frente a esto, las empresas privadas del agua y las asociaciones de las que forman parte han optado por la estrategia de la “negación”. El negacionismo de esta realidad, cruda, trata de evitar el descontento y la contestación social ante la falta de previsión de las autoridades locales y/o de los desmanes que está suponiendo la privatización del servicio.

No teníamos ni tenemos datos oficiales sobre el impacto real del fenómeno. En España los desahucios hídricos ni siquiera constan en ningún registro estadístico; son invisibles. Aún así la propia patronal AEAS (de la que forma parte el ASA-Andalucía) reconoció que un total de 970.000 hogares en España han recibido un aviso de corte de suministro en 2014 y que el presidente del grupo Agbar (uno de los principales grupos privados que actúan en nuestro país), Ángel Simón, admitió que “cada mes se hacen 12.000 cortes” sólo en su corporación, según aseguró en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona.

Frente a esta situación las ciudades de Sevilla, Cádiz y Córdoba han implantado el de derecho humano a través del denominado Suministro Mínimo Vital (SMV) .

Generalmente esta medida propone un volumen de 100 litros por habitante y día. Esa es la cantidad esencial de agua que se ha implantado en las ciudades de Cádiz, Córdoba y Sevilla. En el caso específico de Sevilla, la entidad gestora, EMASESA, en la práctica, supera esta medida y no se produce corte bajo ningún concepto siempre y cuando la persona afectada cuente con informe positivo de los servicios sociales.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (en su sesión celebrada en Ginebra en noviembre de 2002) en su observación general número 15 afirmó que el Derecho Humano al Agua es el derecho de todos a disponer de agua “suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”. Por otro lado, la Asamblea General de Naciones Unidas, en la Resolución 64/292 de 28 de julio de 2010, reconoció que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.

Partiendo de este reconocimiento, la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó que son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para garantizar que se cubren las necesidades básicas y que no surgen grandes amenazas para la salud. Según el informe de suministro de agua del Defensor del Pueblo de Andalucía (‘Servicios de suministro de agua. Garantías y derechos’. Diciembre 2015): “Nuestro ordenamiento jurídico no incluye aun un reconocimiento explícito del derecho humano al agua. No obstante, y pese a la falta de previsión expresa que reconozca este derecho, existen determinados artículos en la Constitución Española en los que puede entenderse incluido: el artículo 15 recoge el derecho fundamental a la vida y a la integridad física y moral, el artículo 43 reconoce el derecho a la protección de la salud o el artículo 45 explicita a su vez que todos los ciudadanos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.”

En conclusión: El agua es un derecho humano básico, por tanto, nadie debería verse privado del suministro de agua por razones económicas, y esta es una de las principales prestaciones sociales que deberían implantar las empresas gestoras. Sin embargo frente a esta situación de reconocimiento de reconocimiento de derecho los operadores privados se limitan a firmar convenios con instituciones como Caritas Diocesiana o Cruz Roja, convenios que sirven a muchas familias a eludir el corte pero que fundamentalmente sirven al operador privado para legitimar sus políticas.

El mínimo vital, asegura Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas), “lo calculamos en torno al 0,82% de la facturación de una empresa de aguas y repercutiría en el 3,7% de los abonados”. “Es una medida muy fácil de llevar a cabo que en países de nuestro entorno ya se está cumpliendo”, defienden. En este sentido apuntan que esta medida debería de plasmarse de forma urgente en una normativa estatal que impida el corte de suministro y que se garantice unos suministros mínimos vitales a las familias y colectivos que necesitan una protección especial. Muchas democracias occidentales ya prohíben cortes de agua, entre ellos Francia, Gran Bretaña, Rusia, Irlanda y Escocia. Los tribunales de Bélgica y los Países Bajos han sentenciado que los cortes de agua violan los derechos humanos.

El 25 de junio de 2014, tres expertos de la ONU sobre Derecho Humano al agua y al saneamiento, vivienda adecuada, y pobreza extrema emitieron una declaración que afecta radicalmente a los Estados a la hora de aplicar de manera efectiva el derecho humano al agua. Tras su visita a Detroit y ante la preocupación por las desconexiones de agua generalizados en la ciudad estadounidense a las familias que no pueden pagar el agua de sus facturas, declararon textualmente: “La desconexión de los servicios de agua por impago debido a la falta de medios supone una violación del derecho humano al agua y los demás derechos humanos previstos por el derecho internacional”.

La semana pasada el PSOE de Pedro Sánchez prometía ya en su programa marco garantizar un mínimo vital de 100 litros de agua por persona y día, con el fin de evitar el "desahucio hídrico" de las personas y sectores vulnerables, así como la prohibición de realizar cortes de suministro. Los operadores privados (y sus asociaciones) han negado –como hicieron anteriormente- la necesidad de la medida. Lo cierto es que el derecho humano al agua ha entrado en la campaña y lo sensato sería conseguir que se regule el derecho humano al agua. No se trata de bandos. Se trata de aprender de la experiencia que Sevilla, Córdoba, Medina Sidonia y Cádiz tienen en la aplicación de esta exitosa medida.

Esta media, elogiada por el Defensor del Pueblo en un informe sobre esta cuestión, hizo que al final de la pasada legislatura se reconociera expresamente este “mínimo vital” a través de una disposición final de la Ley de Medidas frente al Cambio Climático y para un Nuevo Modelo de Transición Energética en Andalucía, lo que suponía asimismo la modificación del Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua de Andalucía que en sus borradores ya reconocía que los operadores deberían asumir este coste como algo propio. No obstante, su aplicación están pendientes de desarrollo por el nuevo ejecutivo.

Para que el Reglamento sea implementado, los operadores públicos se reunirán próximamente en la ciudad de Sevilla con representantes de sus entidades y con representantes de la sociedad civil e iniciarán una campaña recogida de firmas para el mínimo vital de agua beneficie a unos 330.000 andaluces con dificultades.