El ‘Libro Verde del Agua’ empieza a escribirse
Las empresas públicas de agua demandan en un documento, al que ha tenido acceso en exclusiva Ecoperiodismo, que se prohiban los cortes de agua domésticos y que se elimine la posibilidad de privatizar el agua a cambio del pago de un canon concesional a los Ayuntamientos. El documento se presenta mañana en Sevilla al Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.
Las “medidas urgentes para la gestión pública eficaz y transparente” que las empresas públicas de agua van a presentar hoy al Gobierno central, que con casi toda seguridad asumirá como propias, incluyen la prohibición expresa de los cortes de agua doméstica aquellas personas que no puedan hacer frente al pago de la factura y asegurar un mínimo de 100 litros por persona y día (el denominado mínimo vital por la ONU) para cualquier usuario.
Las demandas de los operadores de agua pública formarían parte del ‘Libro Verde del Agua’ que pretende establecer el marco normativo general para la gestión del agua en España y se desarrollarían en leyes y reglamentos específicos, teniendo por tanto el máximo nivel normativo para su cumplimiento.
El documento, al que ha tenido acceso en exclusiva Ecoperiodismo, será presentado mañana al Secretario de Estado de Medio Ambiente del Gobierno central, Hugo Morán, en un acto organizado por la empresa pública de aguas de Sevilla, Emasesa, y la Asociación Española de Operadores de Agua Pública y Saneamiento (Aeopas), que tendrá lugar en Sevilla.
Entre las lineas rojas que quieren marcar las empresas públicas se encuentra la de eliminar el canon concesional para que pueda privatizarse el servicio de agua urbana. Esta medida supondría un grave varapalo a la patronal del agua, ya que es la herramienta normativa de la que se an servido hasta ahora para hacerse con los servicio de aguas municipales a cambio del desembolso de una cantidad. Por poner algunos ejemplos, en el caso de la privatización del agua en Jerez de la Frontera, la multinacional Aqualia se hizo con el servicio de aguas pública durante 25 años a cambio de 80 millones de euros (casi un tercio de los beneficios estimados por la empresa para ese periodo). El destino de ese dinero fácil que reciben los Ayuntamiento además no se dedica a mejorar los servicios de agua, denuncian en el documento en el que aclaran que esos millones “se dedican a aliviar las difíciles finanzas municipales y son repercutidos en tarifa a los usuarios sin que aparezcan claramente reflejados en la factura”.
Para abonar el canon concesional las empresas privadas concesionales recurren al crédito, que obtienen con el respaldo de las tarifas de los más de 25 años que suele durar la concesión, y con la garantía de un porcentaje de deudores fallidos inferior al 5 por ciento. Es decir, más de dos décadas de ingresos permanentes y asegurados ya que se trata de un mercado cautivo prestado en régimen de monopolio con pagos garantizados por la amenaza del corte de suministro. De esta manera, el agua en España se ha convertido en un refugio financiero y es la ciudadanía quien paga esos créditos con su correspondiente interés y beneficio empresarial. Para los operadores de agua pública el canon concesional es “absolutamente indecente y debería estar perseguido”. El canon es también, dicen en el documento, “una puerta a la corrupción y debería estar perseguido”. De hecho, lo está en algunos países, como Francia, donde esta práctica está prohibida en Ley de Transparencia y Anticorrupción.
Debido a los cánones concesionales, en España se ha llegado a una situación en la que la gestión privada, a través de empresas mixtas o privadas, abastece ya al 53 por ciento del total de la población española.
Otras de las medidas urgentes para la gestión eficaz y transparente del agua que se proponen en el documento son la creación de un servicio dependiente del Estado dedicado a “auxiliar a los entes locales en temas de agua”; y también recalcan las medidas urgentes contra el cambio climático: Obligación de contabilización del agua (incluido el regadío), incentivar el ahorro o la integración del binomio agua/energía.
En lo que se refiere a la depuración de aguas, el documento reclama el desarrollo de programas de financiación públicos, acuerdos de colaboración con los operadores públicos de agua que conlleven la adopción de un plan que promueva inversiones urgentes en saneamiento y depuración para la culminación de las obras de interés de saneamiento y depuración contempladas en el Plan de Calidad de las Aguas. En esos convenios proponen encomendar a las Sociedades Gestoras Públicas la realización de determinadas infraestructuras de depuración de interés y determinar las modalidades y formas de contratación de infraestructuras, así como el grado de implicación de cada una de las partes en el inicio, control y desarrollo del expediente de contratación, sin que el papel de los entes locales pueda verse reducido, de plano, a una mera subrogación en un contrato licitado por el Estado.
La creación de un laboratorio del agua cuyo objetivo sea avanzar por un servicio “más eficaz y justo” es otra de las medidas propuestas. En este sentido se aclara en el documento que el citado Laboratorio tiene que tener el personal adecuado para llevar esta función. “Nos negamos a una “teatralización” de la regulación que otros actores ya que el objetivo del mismo no debe ser velar por la seguridad jurídica del concesionario privado (para eso deben de existir otros mecanismos) sino el de ser una institución capaz de garantizar un servicio de calidad (sea público o privado)”, aseveran.
La limitación de las concesiones del agua para que -siguiendo los postulados internacionales, incluso los del Banco Mundial- nunca superen los 10 años, y restaurar la denominada “delegación de competencias entre ayuntamientos” (no necesariamente vinculada a las Diputaciones Provinciales) o proponer una nueva figura en el ámbito de la prestación de servicios públicos básicos, son otras de las medidas ineludibles para los operadores de agua pública.