Esta semana se ha caído un icono y se ha hecho justicia. Se hace justicia no porque la concepción que uno tiene de un caso judicial coincida con la sentencia, sino porque la forma de hablar que tiene la justicia es, precisamente, por medio de las sentencias. Y la del caso Mercasevilla viene a decir dos cosas de manera irrefutable: la primera que los nueve acusados son inocentes; la segunda que la jueza Alaya tarda ocho años en instruir de forma desastrosa el caso.
A tenor de los hechos hoy uno recuerda la cantidad de acusaciones hacia la jueza de sus vínculos de amistad con Zoido, denunciante de aquel caso, y recuerda que es también la instructora del caso de los ERE que tanto está dando que hablar contra el PSOE andaluz y tanto le está sirviendo al PP para compensar sus múltiples casos de corrupción por España.
A estas alturas Antonio Rodrigo Torrijos y ocho personas más son gente inocente que ha sufrido un calvario mediático y político de acusaciones injustas y juicios paralelos de toda la derecha organizada, medios incluidos, para derribar al entonces gobierno del alcalde Monteseirín. Las conclusiones son evidentes cuando recordamos que Zoido consigue la alcaldía con mayoría absoluta, que Rodrigo Torrijos tuvo que abandonar su acta de concejal y que durante este tiempo todo le ha servido a la derecha para escalar en Andalucía. Han sido ocho años de mandar a tomar viento la presunción de inocencia y aprovechar los vientos favorables de una instrucción desastrosa y unos medios al servicio de la causa. Así ha sido la derecha sevillana estos años.