El desarrollo tecnológico genera incalculables posibilidades beneficiosas de actuación pero también conlleva riesgos. Uno de ellos es la incidencia de internet y sus redes sociales sobre el derecho de información, uno de los derechos fundamentales, ciertamente imprescindible para la existencia de una sociedad democrática y adulta.
En los primeros años de nuestra democracia, nuestro Tribunal Constitucional realizó una meritoria labor delimitadora de ese derecho, sobre todo en cuanto al alcance de su requisito de veracidad. Entonces, el protagonismo en la materia lo tenían los medios de comunicación que, solían (como ahora) contrastar esa veracidad, aunque a veces con escasez, por la responsabilidad que contraían.
La situación ha cambiado. El avance tecnológico ha llevado a que aquel protagonismo desaparezca y pase masivamente a internet y sus redes sociales, cuyas fuentes, frecuentemente anónimas, no reúnen los mínimos requisitos exigibles para tan siquiera un mínimo contraste de veracidad.
Han saltado todas las alarmas. Incluso los Estados y las grandes compañías están tratando de tomar medidas. Tarea ardua y casi imposible, dado que la tecnología irá siempre por delante. Y porque, además, propagar falsedades se está revelando como algo muy rentable. Solo nos queda, por ello, propugnar una actitud responsable ante la nueva situación, de padres, educadores, partidos y gobiernos, encaminada a conseguir una actitud crítica del consumidor que potencie su posibilidad de valorar la credibilidad de la información que recibe.