Por Antonio Ojeda Avilés
Catedrático de Universidad y miembro del grupo de reflexión sobre el Conflicto constitucional y Andalucía
Resuelta provisionalmente la confrontación separatista, y a la espera de los resultados de las elecciones autonómicas, el centro de atención cambia ahora hacia un escenario político disperso en donde lo único uniforme parece ser la nueva estrategia del separatismo catalán, que ahora dice en sus múltiples voces que se habían equivocado, o no habían calibrado bien la reacción del Estado, y que la secesión no toca ahora, aunque hay otras alternativas por el momento. Parecen cobrar veracidad las noticias que hablaban de un objetivo real más cercano del barrullo formado, el de obtener mayores concesiones del Estado que equipararan a Cataluña al modelo vasco de financiación, para lo cual se lanzaba un órdago de proporciones descomunales a la línea de flotación del sistema autonómico, negando para ello cualquier tipo de legalidad y de lealtad institucional con el resto del país.
Bajo estas premisas, las elecciones autonómicas de diciembre van a suponer sencillamente un paréntesis en donde el separatismo continuará en su senda ideológica mientras espera un diálogo de igual a igual con el Estado para lograr una posición tan privilegiada como la vasca. Negociación al mismo nivel para determinar cuánto puede conseguir por esta vía intermedia antes de decidirse a lanzar un nuevo órdago. Los avisos que han recibido de caída de la economía catalana y migración de empresas vendrán sin duda valorados y a renglón seguido imputados a la perfidia de «España» para continuar por el luminoso sendero hacia la emancipación.
Es el momento de reaccionar con una política de Estado que genere los mecanismos de integración definitiva de Cataluña, para lo cual se había creado la comisión PP-PSOE para la reforma del modelo territorial, también llamada «para la evaluación y modernización del Estado de las autonomías», conseguida a regañadientes del PP y a la que solo se ha incorporado, además de los dos partidos citados, el de Ciudadanos. Pero acabada de constituir en estos días, y puesta en marcha con la elección de su presidente, las discrepancias han estallado entre las dos partes principales. El PP entiende que no es necesario tocar la Constitución para modernizar el modelo territorial, pues en todo caso la reforma de la Carta Magna compete a la comisión constitucional del Congreso. Por su parte, el PSOE entiende que si se llegara a considerar necesaria la reforma de las normas y no solo de los procedimientos, habría que acordarlo, incluso de la Constitución, aunque evidentemente solo quedaría en la propuesta conjunta, dado que la modificación en sí requiere un procedimiento parlamentario de alto nivel regulado en los artículos 167 y 168 de la Constitución.
Pero para ambos partidos la razón de ser de la comisión radica en mejorar la cuestión financiera de las Autonomías. Tal ha sido el agravio permanente de los catalanistas cuando repetían sin cesar que España les robaba 16.000 millones cada año, o que era indecente que Cataluña no tuviera el mismo concierto financiero que el País Vasco y Navarra. Coincidir sobre cuál sea el tema central de la comisión no es baladí, y creo que supone un gran avance, a pesar de todo. Ahora bien: si queremos una solución definitiva nunca podrá reducirse a debatir una solución para Cataluña, del tipo propuesto por el ministro De Guindos de darle unos miles de millones más anualmente, que por cierto habrían de pagar las demás Autonomías, y Andalucía como la más perjudicada. Si queremos una solución definitiva está claro que habremos de tocar el Título VIII de la Constitución, y en un sentido que, sin necesidad de suprimir el concierto vasco, reparta el esfuerzo fiscal de manera equitativa entre todas las Comunidades Autónomas conforme a un criterio racional, ya sea el PIB, el número de habitantes o mixto, y con ordinalidad o sin ella, mediante un procedimiento que no debe ser el unilateral de negociar el Estado con cada Comunidad, sino el colegiado de resolver en una Cámara los criterios principales del cupo respectivo. Todo eso puede hacerlo la comisión de reforma territorial para poner de acuerdo a los partidos que la forman, y allegar después en el Parlamento el consenso de otros partidos para lograr la mayoría absoluta del Senado y los dos tercios del Congreso que exige el artículo 167 CE.
Ahora bien: el líder socialista parece desentendido del problema, y el popular tres cuartos de lo mismo. Han dejado las opiniones a portavoces secundarios y dan la impresión de que, pacificado el noroeste del país, el tema carece ya de importancia. Craso error, que da la medida de su altura política. Es claro que hay otros problemas de mucha urgencia, como despolitizar la judicatura, simplificar el organigrama institucional o aplastar la corrupción, pero el problema catalán es en realidad el problema de la forma de Estado. La tabla de quesos ya no se sostiene, y procede ahora sustituir con urgencia esa imagen vertical en donde Madrid ha negociado a su antojo lo que daba o quitaba a cada Autonomía, por una fórmula federal y creíble en donde se establezcan criterios objetivos y lealtades racionales.