En el momento actual, el "procés" se encuentra en fase de deliberación y voto para la sentencia que parece llegará en Noviembre. Hay que recordar, una y mil veces, que se trata de un proceso penal sobre hechos: los ocurridos en Cataluña para proclamar su independencia unilateral en base a una presunta autodeterminación y ello, según proclaman pomposamente las defensas, en el ejercicio de los derechos fundamentales de manifestación, reunión y participación, lo cual les lleva a considerarlo como un proceso político y a los procesados como presos de esa misma calidad
El desarrollo de este procedimiento, ha sido considerado por el mundo jurídico, modélico, por la rigurosa y didáctica dirección del Presidente del Tribunal, y auténticamente garantista, frente a las lógicas celadas y protestas de indefensión alegadas por los procesados y sus defensas para, en su caso, tratar de acceder al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
La Fiscalía ha calificado los actos y conductas de nueve de los doce procesados como delito de rebelión, el más grave contra la Constitución, al pretender la independencia de parte del territorio nacional con derogación, suspensión o modificación de la propia Norma Fundamental, no en la forma prevista en ella. Por su parte, la Abogacía del Estado, lo hizo como sedición, delito contra el orden público, cuando se impide el legítimo ejercicio de sus funciones a las autoridades públicas así como el incumplimiento de las resoluciones administrativas y judiciales. En uno y otro delito la violencia y su grado es piedra de toque. Se han tipificado, además, otros presuntos delitos como los de desobediencia (este aceptado por las defensas), malversación y pertenencia a organización criminal.
Estamos en un tiempo de espera, en el que la futura sentencia está pesando (¡y cómo!) en las decisiones políticas que han de tomar los partidos.