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Medio ambiente

El Proyecto de Dragado: la historia de un timo a la ciudadanía

La última sentencia del Tribunal Supremo da ahora la puntilla a un proyecto que determinados intereses económicos querían mantener vivo y que aún permanecía en el Plan Hidrológico del Guadalquivir

Ricardo Gamaza RicardoGamaza /
10 jul 2019 / 14:51 h - Actualizado: 10 jul 2019 / 14:52 h.
  • Un mercante por el río Guadalquivir. / El Correo
    Un mercante por el río Guadalquivir. / El Correo

Casi dos décadas han hecho falta para acabar con el proyecto de dragar el río Guadalquivir para aumentar su profundidad en 8 metros y permitir el acceso de mayores buques hasta el Puerto de Sevilla. La última sentencia del Tribunal Supremo da ahora la puntilla a un proyecto que determinados intereses económicos querían mantener vivo y que aún permanecía en el Plan Hidrológico del Guadalquivir como una medida a realizar.

El inicio

Todo empezó en el año 1999, cuando por primera vez y bajo la firma contratada de profesores de la Universidad de Sevilla se hablaba de la importancia de hacer un dragado en el río Guadalquivir para la supervivencia económica de la ciudad de Sevilla. El ‘estudio’, que no tenía base científica, daba los mimbres y el aval necesario a la Autoridad Portuaria de Sevilla para lanzarse a aprobar, en el año 2000, el proyecto “Actuaciones de Mejora en los accesos marítimos al puerto de Sevilla”, basado en aumentar la profundidad del río en 8 metros para que entrasen hasta el puerto más buques de carga y grandes cruceros.

El proyecto faraónico empezó la casa por el tejado: construyendo la nueva esclusa del Puerto, que ya en 2004 era la mayor obra civil de toda Sevilla y que duplicó su coste superando los 163 millones de euros según estimaciones, porque ni siquiera el Puerto de Sevilla se atreve a dar la cifra final de esta faraónica obra.

Sin embargo, las alertas saltaron de inmediato. Estaba en juego la vida de Doñana, en lo ambiental, pero también de actividades productivas históricas y rentables, como el arrozal (Sevilla es la provincia con mayor producción de arroz integrada de toda España), el marisqueo en la desembocadura, la pesca... El 2 de octubre de 2003 se publicó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto del Puerto de Sevilla, que determinaba la constitución de una Comisión Científica que tras varias reuniones con la Autoridad Portuaria acordó encargar el Estudio “Propuesta Metodológica para diagnosticar y pronosticar las consecuencias de las actuaciones humanas en el estuario del Guadalquivir” a un equipo investigador coordinado por Miguel Losada (Universidad de Granada) y Javier Ruiz (CSIC, Cádiz), para completar las lagunas de información detectadas en el proyecto.

Demoledor estudio

En 2010 el equipo investigador facilitó a los miembros de la Comisión científica los documentos con los resultados del Estudio, que incluyó el estuario del Guadalquivir y el Golfo de Cádiz sobre la plataforma litoral, en el sector comprendido entre Cádiz y la frontera con Portugal. La comisión de expertos redactó un dictamen el 12 de noviembre de 2010 que concluía que “la situación actual (del estuario) requiere la intervención rápida y coordinada de las administraciones implicadas en la planificación y gestión del estuario, de la cuenca del Guadalquivir y de la costa, de modo que se revierta la tendencia actual que lleva al colapso del estuario y a la costa que de él depende, y por tanto al Parque Nacional de Doñana, cuyas marismas forman parte del propio estuario”. El dictamen era claro: “recomendamos que se desestime definitivamente el dragado de profundización y que de mantener la autoridad portuaria de Sevilla su voluntad de realizar dicho dragado”.

Tras el demoledor informe, que empezó a llamarse ‘informe Losada’, el Puerto de Sevilla cambió de estrategia. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) aprobó su Plan Hidrológico en 2010, que establece la gestión de toda la cuenca del Guadalquivir, sin hacer referencia alguna a las actuaciones previstas en el estuario. En 2013 apueban el Plan Hidrológico y sorprendentemente en él se incluye entonces el dragado de profundización sin hacer mención a los nuevos conocimientos adquiridos sobre el estuario y a las recomendaciones hechas por los científicos y la Comisión creada al efecto. El timo a la ciudadanía está en marcha.

Se pronuncia la UNESCO

Pero en junio de 2013 la 37ª Sesión del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO determina “urgir al gobierno de España a no permitir ninguna profundización del dragado en el Bajo Guadalquivir”, en línea con las recomendaciones de la Comisión Científica y con anteriores decisiones de la Unesco . También recomienda al gobierno de España a asegurar que “todos los dragados de mantenimiento se optimicen ecológicamente en línea con las recomendaciones científicas”.

Procedimiento de infracción de la Comisión Europea

El día de la Hispanidad de ese año 2013, el Estado recibe como ’regalo’ la apertura un procedimiento de infracción contra España por parte de la Comisión Europea por el proyecto de dragado del Guadalquivir a raíz de la queja interpuesta por WWF España. Las autoridades europeas confirman así que el proyecto impulsado por la Autoridad Portuaria de Sevilla con la connivencia y apoyo de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, puede vulnerar la normativa comunitaria de protección de la naturaleza, por los graves impactos que ocasionaría sobre Doñana y otros espacios de la Red Natura 2000.

“Si el comportamiento de la Autoridad Portuaria de Sevilla es censurable, el de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que debe velar por los intereses no de una localidad sino de toda la cuenca, lo es en grado sumo”, asevera el catedrático de la Universidad de Sevilla y miembro fundador de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Leandro del Moral. “Lejos de reflexionar sobre estas desautorizaciones técnicas, jurídicas y políticas, las máximas autoridades de la Confederación Hidrográfica y de la Autoridad del Puerto, junto a otras falsedades como que “los fondos europeos se perderán si no se aplican este año”, anunciaron en 2015 que se trataba de un problema formal que obligaba simplemente a “tintar el plan”, según palabras textuales del presidente de la CHG”, recuerda Del Moral.

En efecto, el juego de trileros que iniciaron los promotores del dragado, que contaban con el apoyo de la patronal y los sindicatos sevillanos, además de partidos en principio antagónicos como el PP y el PSOE, estaba en marcha. Daba igual que la ciudadanía se hubiera posicionado en contra, que ecologistas y arroceros se aliasen para salvar a Doñana y al arroz, que alcaldes ribereños diesen la voz de alarma... el proyecto iba a hacerse pese a todos. Sólo había que “tintarlo”.

Y así se hizo. La CHG volvió a incluir este proyecto, que seguía escrito en el Plan Hidrológico en vigor pese a que iba perdiendo apoyos por el camino. Hasta el Puerto de Sevilla dio una rueda de prensa asegurando que el dragado quedaba descartado, eso tras sacudirse a la anterior dirección ‘prodragado’ que recolocó en filas de mando del PSOE (como Carmen Castreño, que pasó a ser el fichaje estrella de Juan espadas en el Ayuntamiento de Sevilla). Pero con todo el timo organizado había algo que chirriaba: el dragado de profundización seguía estando entre las medidas planeadas por la CHG. Por eso, la sentencia del Tribunal Supremo que se acaba de hacer pública levanta las cartas marcadas de estos tahures y anula la partida al anular la inclusión del dragado en el Plan Hidrológico del Guadalquivir que el anterior Gobierno central del Partido Popular introdujo en 2016. El tribunal sostiene que “no se reflejan con la necesaria precisión todas las condiciones que han de cumplirse para llevar a cabo la actuación del dragado en cuestión” y concluyen que no se ha realizado “una evaluación concreta y precisa de las medidas necesarias” para acometer la obra respecto a los “concretos riesgos que conlleva para los objetivos medioambientales de las masas de agua afectadas y el parque de Doñana”. Han dejado sin cartas a la CHG y al Puerto de Sevilla para seguir una partida trucada en contra de los intereses de Doñana, las actividades productivas ribereñas y de la propia ciudadanía. Fin de partida.


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