Como ciudadanos nos causa indignación acercarnos a las últimas noticias relacionadas con el mercado energético, especialmente al eléctrico, y ver que seguimos sufriendo el timo eléctrico que desde este colectivo denunciábamos allá por 2014.
Un timo, que, ateniéndonos al tiempo transcurrido, así como a la evolución de la situación, nos hace reafirmarnos en nuestra opinión sobre la tomadura de pelo que para los usuarios representa la vigente regulación del sector eléctrico; de consecuencias en muchos casos catastróficas para un número creciente de familias, que vienen a sumarse a las cifras de hogares que son incapaces de pagar un servicio por el uso de energía suficiente para satisfacer sus necesidades domesticas y/o cuando se ven obligados a destinar una parte excesiva de sus ingresos para ello; es lo que se ha dado en conocer como pobreza energética.
Cifras que según la Asociación de Ciencias Ambientales ACA afectaban en 2014 al 11 por ciento de los hogares, y que suponía un incremento del 22 por ciento en tan sólo dos años desde su anterior estudio. Así, los últimos datos ofrecidos por ACA sitúan a la pobreza energética como responsable en España de varios miles de muertes prematuras.
Igualmente, es oportuno hacer referencia al 5º Informe sobre El Estado de la Pobreza (2009-2014) de la Red Europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social, que viene a definir el concepto de «privación material severa», y que incluye a aquellas personas que viven en hogares que no pueden afrontar cuatro o más conceptos o ítems de consumo de un total de nueve considerados básicos, de entre los que se incluyen, entre otros, los retrasos en los pagos de los gastos relacionados con la vivienda principal en los últimos 12 meses –incluido el suministro eléctrico– que se incrementó 4,4 puntos desde 2004 hasta 2014, o el de permitirse mantener la vivienda con la temperatura adecuada que se vio incrementado 1,6 puntos en el referido periodo.
Del Informe Foessa 2017 (Desprotección Social y Estrategias Familiares), extraemos datos como, que las medidas que se han tomado de forma más generalizada frente a la crisis han sido aquellas que tienen que ver con la reducción del consumo de energía. Si estos datos lo centramos en Andalucía constatamos en el Informe Foessa Análisis y Perspectivas, publicado en 2016, que nuestra comunidad autónoma es la que más ha sufrido el periodo de crisis, con un descenso del 21,3 por ciento de la renta disponible por adulto desde 2009 a 2015, generándose por tanto unos niveles de desigualdad muy preocupantes que la sitúan como la comunidad con mayor desigualdad de España.
Si bien el concepto de pobreza energética integra aspectos más amplios relacionados con otras energías utilizadas en el domicilio, como el gas –que por cierto también se ha encarecido este año, tanto el Butano como el Gas Natural– o la adecuación de la vivienda, en este artículo volvemos a centrarnos por su especificidad en el mercado eléctrico.
En estas fechas lo primero que hemos sufrido es la tradicional escalada invernal del precio del kilovatio/hora; una escalada auspiciada por un sistema de fijación del precio de la energía que hace que se encarezca justamente en el momento que más se necesita, es decir, un sistema que a través de nuestro ordenamiento jurídico legitima una diabólica especulación –eleva los precios a la vez que sube la demanda–, olvidando por completo que se trata de un bien esencial para el conjunto de la ciudadanía.
Un sistema que estableció la metodología para el cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor –PVPC– y su régimen jurídico de contratación, y que vino a replicar el opaco mercado de la generación eléctrica existente hasta ese momento para fijar la tarifa de aplicación a millones de usuarios acogidos a ese modelo semirregulado. Una regulación que determina que el coste de producción de energía eléctrica se realice con base en el precio horario del mercado diario durante el período al que corresponda la facturación.
Un sistema perverso que permite que las empresas de generación condicionen los precios a cobrar al eslabón más débil de la cadena del mercado –que somos los consumidores domésticos– bien a través de las empresas distribuidoras o comercializadoras, y que no dejan de ser instrumentos de los mismos grupos empresariales que ostentan el control real del mercado y constituyen un verdadero oligopolio energético.
No en vano, la opacidad del mercado mayorista de generación ha provocado ya la incoación de varios expedientes sancionadores a las grandes empresas energéticas del país. Sin ir más lejos, en diciembre de 2017, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) incoó expedientes sancionadores a Gas Natural Fenosa Generación y a Endesa Generación, tras observar indicios de alteración de precios en las ofertas de mercado de generación entre octubre de 2016 y enero de 2017; como tampoco podemos olvidar el procedimiento abierto contra Iberdrola por la fiscalía anticorrupción, por un presunto delito en la alteración de los precios que provocaron una subida artificial del precio de la luz en el invierno de 2013.
Los resultados de las políticas de liberalización y fragmentación del sistema están a la vista: la subida de precios de la factura eléctrica en los últimos diez años se ha situado en torno al 80 por ciento . Solo a lo largo de 2017 podemos ver como el tarifazo incrementó el precio un 10,8 por ciento respecto al año anterior; una muestra más de la espiral de subidas que venimos sufriendo desde que los distintos gobiernos «según el turno que corresponda» decidieron convencernos de que la liberalización del sector eléctrico iba a ser la panacea para reducir el importe de la factura del usuario domestico.
Esta realidad social debemos confrontarla con la realidad mercantil que viven las grandes empresas del sector. Así, recientemente se nos atragantaba el desayuno al leer que las cinco grandes empresas distribuidoras eléctricas ganaron 9.470 millones en cuatro años, y cómo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia publicaba un informe que señalaba que las eléctricas obtienen una rentabilidad media del 10por ciento en su negocio de distribución.
Al analizar esta realidad económico-financiera de las empresas, y los precios de la electricidad subiendo más del 10 por ciento cada año para los consumidores finales, la CNMC ha solicitado al ministerio que dirige Álvaro Nadal que disminuya la rentabilidad –tasa de retorno– reconocida a estos grupos a partir de la próxima revisión en 2020, de acuerdo con la metodología establecida para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica.
Mientras tanto, el gobierno acomete una nueva regulación del bono social y lo vende, una vez más, como panacea para la protección de los consumidores más vulnerables; sin embargo, un mínimo análisis de la norma arroja como conclusiones que son menos las familias que pueden acogerse al mismo y los descuentos son inferiores. Una nueva tomadura de pelo más.
Resulta pues evidente la pasividad del gobierno y su falta de voluntad e incompetencia para controlar un sector social y económicamente estratégico, regalado al mercado mediante una liberalización y fragmentación de actividades que está perjudicando a millones de familias y en muchos casos generando situaciones dramáticas.