En tiempos de la dictadura de Franco se decía que España no tiene un ejército sino que el ejército tiene un país, referenciando el control que desde la fuerza militar se ejercía sobre el conjunto de los españoles. Fue precisamente la capacidad de adaptarse a un nuevo tiempo: la democracia, de los militares profesionales y de las fuerzas políticas de progresos las que consiguieron el paso histórico que nos trajo el más amplio avance social de España.
También tenemos empresa de servicios públicos: agua, gas, electricidad, correos, transporte, etc. y con el avance de la comunicaciones la operadoras de este sector. Tradicionalmente son empresas de carácter público; pertenecientes a alguna administración o de propiedad privada: Endesa, Iberdrola, etc.
Estas segundas, en cualquier país avanzado, son empresas muy estables desde el punto de vista financiero, con una gran capitalización y unos resultados económicos que siendo positivos aseguran una retribución, por encima de la inflación, a los accionistas. Eran empresas de dar calidad: que nunca falte la electricidad o que nunca falte el agua, por encima de cualquier consideración de búsqueda de la rentabilidad.
En España hemos realizado muchos giros políticos en los últimos tiempos y aprovechándose de su capacidad de presión como empresas bien coordinadas desde el punto de vista corporativo han logrado, especialmente el sector eléctrico, unas condiciones de funcionamiento que les permite ser de las más rentables en las bolsas europeas y adquirir un tamaña cuasi mundial.
Y todo eso a costa de mantener un mercado cautivo y prisionero: los ciudadanos españoles que, por una cosa o la otra, siempre tenemos algún problema con estas macroempresas. Desde las subidas del precio a la facturación por no consumir (el impuesto del sol) o incluso que intentan cobrar una vez que has fallecido (intente dar de baja un contrato por el fallecimiento de un familiar y después me cuentan).
En resumen, que este país nuestro que tenía empresas de servicios públicos ha pasado a ser un lugar donde las empresas de servicios tienen en propiedad un país: España, en donde todos estamos obligados a pagar por aquello que no recibimos y dejarnos tratar como siervos de la gleba.