Con la velocidad con que se producen los acontecimientos, parece que la crisis catalana se está diluyendo. La participación de los partidos independentistas en las elecciones convocadas por el Presidente del Gobierno en aplicación del artículo 155 de la Constitución –convocatoria a la que se habían opuesto dos días antes cuando esa declaración aun podían hacerla ellos dentro de sus competencias– unido todo ello a las declaraciones exculpatorias de la Sra. Forcadell y de algunos otros, nos sitúa en una posición más tranquila pero no exenta de dificultades.
La primera de ellas es presentar que la convocatoria de las elecciones como la panacea para la resolución del problema, cuando es muy posible que los resultados de las mismas difieran poco de la composición del Parlamento disuelto. Aunque, en tal caso, parece que la «pasión por la independencia» no se revelará como urgente
La segunda, es que ya se ha levantado alguna voz en el PP, rompiendo la unanimidad de los partidos mayoritarios respecto a la conveniencia de una reforma de la Constitución al menos en lo que se refiere al Título VIII
Hace tiempo que defendimos esa reforma que nunca se consideró oportuna. Si ahora se consigue abordarla (lo que está por ver) va a ser con la presión de una parte muy importante de Cataluña que ha demostrado poder hacer mucho daño con malas consecuencias para el resto de España. En política, como en casi todo, no afrontar un problema por los riesgos que conlleva, suele generar, con el transcurso del tiempo, un problema mucho mayor.