No creo que nadie dude de que las decisiones del Tribunal Constitucional son de obligado cumplimiento. Y que lo han sido desde siempre, desde que la Corte echase a andar en 1980. Desobedecer sus sentencias significa llanamente ignorar la Constitución y menospreciar la voluntad constituyente, es decir, algo cualitativamente más grave que la mera comisión de una ilegalidad. La inconstitucionalidad como desvalor afecta a los cimientos de nuestra convivencia, a nuestro pacto de ciudadanía. Pues bien, como toda sentencia de cualquier tribunal, las del TC también tienen quién las defienda. A su disposición toda una cohorte de fiscales, jueces y tribunales. Una forma añadida de preservar la independencia de un órgano que, se quiera o no, por ser único y voz última en su género, debe cuidar mucho su prestigio, independencia y neutralidad.
Cuando las cosas funcionan y además de forma razonable, ¿para qué tocarlas? Los algo más que coqueteos del gobierno catalán con la secesión de facto son fuente propicia para estratégicos acaloramientos por parte del gobierno que debe hacer frente al serio desafío. Un terreno movedizo este como ninguno, pues flirtear con el electorado en este campo minado te puede llevar a equivocarte estrepitosamente. La preservación de la unidad versus la secesión se juega sobre todo en el terreno de la legitimidad, y esta quiere decir, pero no sólo, respeto profundo a la Constitución y a la ley. Forzar su letra o modificarlas ad hoc puede ocasionar un desajuste importante en el reparto de pesos de la estructura del Estado.
Poco antes de las elecciones del año 15, el gobierno de Rajoy sacó adelante la reforma de la Ley del Tribunal Constitucional. Y desde entonces el TC es dueño y señor de la ejecución de sus sentencias y decisiones. Puede para ello, en virtud del nuevo art. 92, imponer multas coercitivas y apartar a las autoridades y funcionarios que las incumplan (presidentes de las Comunidades Autónomas, por ejemplo), bien a instancia de parte, bien de oficio. El PP arrojaba así al TC al foro de las fieras, en una lucha a vida o muerte, contra quien le niega su mismísima auctoritas.
La Comisión de Venecia, órgano asesor del Consejo de Europa, acaba de reconocerlo en un dictamen, cuestionando así la reforma española. Fue una muy mala idea querer darle al TC lo que ya tenía. Como dice la Comisión de Venecia, dejar que sean los tribunales ordinarios los que garanticen la ejecución de las decisiones del Tribunal, «fortalece la división de poderes del conjunto del sistema y la neutralidad e independencia del propio Tribunal».
Puigdemont anda en twitter celebrando el dictamen veneciano. Muchos de nosotros también, pero la nuestra es razón constitucional.