Las instituciones políticas y socio-económicas, al igual que los ciudadanos, nos estamos habituando a convivir con unas patologías llamadas desempleo, precariedad, desigualdad, pobreza, exclusión, etc, en la creencia de que, individualmente, poco o nada podemos hacer al respecto, imputando a los recortes financieros y de derechos sociales la responsabilidad de todos esos males. Todo ello nos interpela en Andalucía al observar los indicadores de paro: 28,5% frente al 18,9% nacional-EPA, y la evolución de las contrataciones de trabajo: 3,9% indefinidos y el 96,1% temporales frente al 8,7% y 91,3%, a nivel nacional.
En España estamos expectantes de conocer el grado de compromiso que Gobierno, partidos y agentes sociales están dispuestos a asumir para tratar de combatir los problemas reales que acucian a la sociedad, bien entendido que para que haya sociedad con un suficiente grado de justicia, los intereses privados deben ser compatibles con los intereses comunes, es decir, con el bien común (V. Camps). Actualmente, esa compatibilidad está rota en perjuicio de los más débiles. De igual forma, se debe asumir la responsabilidad social como una cuestión de prudencia y justicia, sobre todo en el campo de la actividad económica y social, reconociendo que reducir el objetivo de las empresas al beneficio de los accionistas, con olvido del resto de los afectados por su actividad, ni es prudente ni justo (A. Cortina). Gobernar con principios y valores éticos es el reto. Hablamos de Andalucía y de España ¿Y de los EEUU de Trump?