Ni vivo ni muerto, pero ahí sigue haciendo y deshaciendo. Hay cosas que sólo Rajoy y Soraya comprenden y alguna excusa tendrán. Para todos los demás, sin embargo, es razonable que el Gobierno, mucho más este Gobierno, dé cuantas explicaciones resulten necesarias por su gestión política. Desde el pasado 20 de diciembre, y ha llovido poco desde entonces, el único poder del Estado que cuenta con legitimidad renovada y actual son las Cortes Generales. Por el contrario, el Gobierno, en la medida en que nuestros representantes no son capaces de elegir un nuevo presidente, está ocupado de forma interina por aquel que con legitimidad fue su titular hasta esa fecha. Desde entonces anda, como se dice, en funciones, que es una forma de estar, medio muerto o medio vivo, pero estar a fin de cuentas. Porque si eres Gobierno lo eres, salvo para algunas cosas que la ley te impide hacer, por pura lógica. Una situación esta que, por cierto, si vuelve a haber elecciones puede durar más de ocho meses. Demasiado tiempo hasta para un finado que se resiste a morir.
Un Gobierno en funciones debe responder de su acción con mucha más razón que uno con plena legitimidad. Si en los sistemas parlamentarios el Gobierno depende para su elección y permanencia de la confianza continuada del Congreso de los Diputados, es lógico pensar que un Gobierno que no cuenta con ella por estar ocupando el cargo de forma interina esté mucho más vigilado y que, incluso, fuese él el que motu proprio solicitase comparecer. Dar cuentas a los miembros de la Cámara baja, a la sazón representantes del pueblo, de lo actuado por un Gobierno en funciones es algo tan natural que no se encuentra en derecho comparado literatura al respecto (en la IV República francesa sucedía lo contrario: los gobiernos en funciones no querían tomar decisiones comprometidas y aun así se les controlaba, aunque ninguno de ellos superó los cuarenta días). Claro que dice la vicepresidenta que tampoco están haciendo nada, que ocupan sus horas en el despacho ordinario de asuntos administrativos. Aunque esto fuese verdad, la lógica del sistema parece imponer que esta valoración la haga quien, según la Constitución, debe realizar el control del poder ejecutivo. No parece, a modo de ejemplo, que la reciente actuación de Rajoy en el Consejo de la UE sea un acto de trámite, precisamente. El Gobierno está en funciones, las Cámaras no, dicho sea lacónicamente.
Un Gobierno zombi es un peligro. Vivo para hacer y deshacer, muerto para no responder ante nada ni ante nadie. Pero de la misma forma que no se mata a los muertos, tampoco se derrocan gobiernos en funciones. Así que tenemos un problema que, si bien el Tribunal Constitucional podrá esclarecer, sólo una buena y pronta investidura puede solventar. A los duelos hay que ponerles fin para no vivir entre zombis.