Desde hace algún tiempo la confrontación entre la Consejería de Hacienda, entidades sociales y partidos políticos por el Impuesto sobre sucesiones es noticia permanente en los medios de comunicación.
Independiente del sentido o no del impuesto, su repercusión real en los ciudadanos y su aportación a los presupuestos públicos andaluces es un tanto singular, que un ingreso que representa el 1,32 por ciento del total traiga tanta controversia.
Tenemos que mirar unos años atrás y recordar el Impuesto sobre los Depósitos de Clientes en las Entidades de Crédito que éstas tenían que pagar a la hacienda autonómica según los depósitos de clientes de sus sedes centrales y oficinas radicadas en territorio andaluz.
Este impuesto, creado también por otras CCAA, fue barrido por la implantación de un impuesto estatal por el Ministerio de Hacienda que en su primer ejercicio gravó con 0 por ciento a los depósitos de las entidades de crédito. Esta situación, que llegó al Tribunal Constitucional, concluyó en el establecimiento de un 0,3 por ciento de gravamen estatal que la Hacienda Estatal liquida a las Comunidades Autónomas. En Andalucía, este año, se prevén unos 173 millones de euros de compensación por este concepto.
Y ahora sumemos dos y dos. La Consejería de Hacienda no quiere perder el ingreso del impuesto de sucesiones e intenta que su eliminación sea compensando con algún otro ingreso del Estado en el marco del nuevo sistema de financiación autonómica que actualmente se está negociando y que debe estar concluido en el presente año. Esto abrirá la tranquilidad del presupuesto del próximo año en Andalucía.