Seguramente fue la crisis quien tuvo la culpa –como de casi todo– de que la política profesional se colapsase de aficionados que juegan a ser políticos. Al fin y al cabo, llevábamos tiempo deseando la implicación de la ciudadanía en los asuntos públicos como saludable antídoto contra las corruptelas de los profesionales de la política. Así que no íbamos a quejarnos ahora. Pero es que resulta que el infantilismo social cala profundo incluso en las instituciones, donde ya conviven políticos viejos con políticos de sopetón, y ni unos ni otros terminan de enterarse de que los cargos públicos lo son para resolver problemas o al menos intentarlo. No basta con protestar en las redes sociales, señalar con el dedo, ironizar, criticar, hacerse el sorprendido, suponer, carcajear. No basta. No los elegimos para eso. Eso lo hacemos los ciudadanos. Los elegimos para que se impliquen en los problemas exactamente igual que si estuviéramos siempre en campaña electoral, con la afortunada diferencia de que a lo largo de la legislatura disponen de las herramientas que las instituciones democráticas les ofrecen. Y si no saben utilizarlas, deben aprender. Alguna creía que el avión desde Chicago para acudir al pleno estaba incluido.
Lo peor es que el infantilismo hace estragos también entre la ciudadanía, ajena a que la polis supone agentes responsables a un lado y otro de la administración. Y nuestras reivindicaciones se convierten en pataletas, caprichos pueriles y exigencias absurdas de impacientes adultos que quieren la solución aquí y ahora como si no existieran los procesos. Que el gobierno dé trabajo; que aumente las pagas; que no hay derecho a que la lluvia arríe las calles; a que el vehículo de la limpieza nos moleste; a que el tráfico infernal no me deje acelerar más. No hay derecho.
Como si los derechos no fuesen un artificio político basado en la madurez de todos.