Hay que reconocer que la campaña puesta en marcha en su día por el PP contra la aplicación en Andalucía del Impuesto de Sucesiones ha sido un éxito. Ha calado en determinadas capas de nuestra sociedad la idea de que estamos frente a una práctica abusiva, que arruina a familias enteras ante la voracidad de una Junta de Andalucía que aparece ante los ojos de los ciudadanos como insaciable. A esta realidad que nos dibujaban, plantean como escenario idílico a la comunidad de Madrid, gobernada por ellos, en donde todos estamos libres de tan riguroso yugo gracias a la generosidad de su presidenta, Cristina Cifuentes, tanta que, incluso, hasta nos paga a los sufridos andaluces nuestras facturas de Sanidad y Educación. Una ricachona, vamos, que apenas exige el pago de impuestos en su territorio como si fuera cualquier otro paraíso fiscal de los que pululan por ahí.
El estado de opinión establecido al respecto, señalaba, por tanto, una actitud intransigente por parte de la administración andaluza fruto de su celo recaudatorio cebándose así con las pocas rentas que las familias habían acumulado con el paso del tiempo, como si fuera la que se inventó este impuesto que, cómo se sabe, está cedido por el Estado y con el cual se obtienen unos ingresos necesarios para el sostenimiento de los distintos servicios públicos que les corresponde gestionar. La verdad es que hubiera sido más sencillo reclamar la supresión total del mismo, cosa difícil de imaginar, ya que si así fuera sería el propio Gobierno de la nación el que tendría que compensar con el pago de los dineros que dejarían de ingresar las autonomías por este concepto.
Pues bien, hasta aquí se ha llegado. Por fin, hay respuesta para combatir esta campaña preñada de desinformación y no exenta, incluso, del dramatismo aportado por determinados casos bien escogidos. Llega, por tanto, el momento de la verdad, el del obligado contraste, de una vez por todas, entre lo que se denuncia y la propia realidad. La maquinaria de la Junta ha despertado de su letargo para contrarrestar lo dicho hasta ahora y que daba a entender, poco menos, que todos estábamos empobrecidos por tan injusto impuesto, venían a decir. A partir de aquí, con la campaña informativa anunciada por la Consejera de Hacienda, María Jesús Montero, y que arranca mañana, cualquier contribuyente podrá comprobar mediante un simulador lo que tendría que pagar si es que así se deduce de sus condiciones reales de las que parte. Algo tarde, sí, pero era más que necesario que se pusieran las cosas en su sitio, que se definieran correctamente los límites de un asunto que afecta a un reducido grupo de personas, que se pusieran, en fin, las herramientas necesarias, la información adecuada, para que los ciudadanos lleguen a sus propias conclusiones, más allá de la propaganda política de turno.
Con todo, el líder de los populares andaluces, Juan Manuel Moreno, tiene motivos para sentirse más que satisfecho. Ha conseguido su objetivo creando de la nada un «verdadero clamor social», como dicen, contra dicho impuesto. Muy dado a este tipo de nuevas formas de hacer política, con el concurso ineludible de las redes sociales, ha obligado, finalmente, a que la Junta mueva ficha y reaccione con sus datos y su propia campaña. Ahora sería bueno que, de cara a la negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica, Moreno convenciera a los suyos para que en el modelo venidero se incluyera la erradicación total de dicha figura tributaria fijando, además, las vías alternativas de ingresos para que así las comunidades no se vean perjudicadas. Claro que para tan ambiciosa propuesta se requiere algo más que acertados eslóganes y la mercadotecnia correspondiente tan de moda últimamente.