Definitivamente, no tenemos solución. Aquellos lamentos por la judicialización de la política caen, siempre, en saco roto. No dejan de ser simples gestos con los que quedar bien ante la opinión pública sin el más mínimo propósito de enmienda. Es más, se seguirá con paso firme por esta senda a no ser que alguien ponga fin, de una vez por todas, a esta dinámica que está carcomiendo por dentro la propia Justicia y su credibilidad ya de por sí bastante dañada a consecuencia, sobre todo, de las deficiencias que arrastra desde hace años. Y es que el panorama no es nada tranquilizador. Máxime si se tienen en cuenta determinados comportamientos que continúan dando claras señales de que no se está dispuesto a cambiar. Se arremete duramente contra los jueces y sin el más mínimo miramiento si es que, finalmente, no le dan la razón a uno. Y en esa deriva no están, desde luego, los ciudadanos de a pie que han podido sufrir decisiones judiciales contrarias a sus deseos y que las acatan como corresponde.
Las salidas de tono, el ataque puro y duro está procediendo de entidades tan llamadas a la responsabilidad como son los partidos políticos y, más en concreto, el PP de Andalucía, que parece haber encontrado en los casos de los ERE y los cursos de formación su verdadera razón de ser, su línea principal de actuación política. Protagoniza iniciativas verdaderamente disparatadas, rozando la histeria y de una gravedad suma en su labor como acusación popular en los asuntos que se ventilan en diferentes juzgados. Una trayectoria que resulta impropia de un partido de gobierno y que se parece, más bien, a la de un hincha futbolístico que reacciona sumamente airado ante cualquier decisión arbitral que vaya en contra de su equipo.
Lo último ha sido el frontal ataque que propina a la jueza de Instrucción, María Núñez Bolaños la representación legal de los populares por su decisión de archivar la pieza política de los cursos de formación. No solamente ha pedido que se le retire de la causa por considerar «nulo de pleno derecho» el auto de archivo sino que, además, le acusa, abiertamente, de actuar con parcialidad y con absoluto desprecio de la ley. Sin duda alguna, afirmaciones de grueso calibre. Y lo sorprendente es que tan gravísimas ofensas puede que le salgan gratis a quien las realiza ya que, por el momento, tal metedura de pata no ha tenido mayores consecuencias. Eso sí, previamente, recibieron un serio rapapolvo que le propinó semanas atrás el Ministerio Fiscal quien criticó duramente cómo ha llevado la personación el PP en este caso así como, no se olvide este dato, también, el trabajo de la UCO de la Guardia Civil. Los fiscales determinaron en su día que no existe aquí red alguna de clientelismo político como consideraba, también, la jueza Alaya agregando que los hechos investigados no revisten el carácter de delito de malversación ni de prevaricación.
Cabe preguntarse qué gana el PP propinando estos furibundos ataques a toda una jueza en el ejercicio de sus responsabilidades y a la que trata como una rival política más. Y aquí no vale decir que esto son cosas de los abogados. La actual dirección del partido ha dado claras muestras de estar estrechamente ligada a la estrategia que se está siguiendo en los juzgados por parte de sus letrados que les cuestan, por cierto, sus buenos dineros y cuya cuantía sería necesario conocer por aquello de la transparencia debida que se le supone a todas las formaciones políticas y exige para los demás. Es evidente que aquí la política queda relegada a un papel secundario. Tal vez por eso, hubo en su momento un anterior dirigente popular que optó por prescindir de determinados bufetes. No quería ser rehén de nadie ni, tampoco, de escandalosos titulares periodísticos que le garantizaban de antemano como parte del trato. Quiso marcar su propio camino pero no tuvo suerte. Sin embargo, hay que advertir que dicha posición tan litigiosa fracasa estrepitosamente en donde se tienen que ver estas cuestiones con una evidente carga política como es en el Parlamento Andaluz, en donde el PP no pudo obtener triunfo alguno en la comisión de investigación que se creó a tal efecto. Al final, tenemos el peor escenario posible: jueces cuestionados y partidos políticos que renuncian a su verdadera función y que se entregan a manos de otros que hacen su buen negocio.