Soledad Becerril, a lo largo de su carrera política, ha dado pruebas sobradas de cómo se pueden defender las propias ideas y, al mismo tiempo, hacer honor al cargo que se ocupa en la administración del Estado; siempre se le ha notando que formaba parte de la Junta Democrática cuando todavía vivían Franco y su dictadura. Ahora, como Defensora del Pueblo, ha vuelto a dar otra enfrentándose abiertamente a su compañera de partido Fátima Báñez por el destino del dinero que las administraciones o la justicia han obligado a devolver a aquellos que los usaron fraudulentamente en los cursos de formación (recuerdo, de paso y porque ha habido medios de comunicación que no lo han resaltado, que el ex-Consejero Ávila ha sido absuelto de culpa en esa trama nacional).
Las cantidades destinadas a la formación de los trabajadores son, en realidad, aportaciones (el 0.7 de la cotización) de todos y cada uno de los afiliados a la Seguridad Social destinadas expresamente a ese fin y han sido varias las sentencias judiciales que lo han corroborado -con o sin fraude- durante muchos años. Pero, aunque parezca mentira, el gobierno las ha estado invirtiendo allí donde tenía un hueco que rellenar lo cual lleva a la paradójica situación de que, en cierto modo, también nuestro Poder Ejecutivo ha estado (como esos empresarios y entidades encausadas) malversándolas fraudulenta y prevaricadoramente sin que, por otra parte y al parecer, desde la oposición se le hayan puesto muchos reparos. Su verdadera adversaria ha tenido que ser la Defensora del Pueblo.