Un juez belga es la autoridad independiente que tendrá que decidir sobre la extradición del ex presidente Puigdemont, pero para tomar su decisión debe aplicar derecho europeo. Así pues, por razón del derecho aplicable al caso daría igual que el juez en vez de neerlandés hablase italiano. La norma que debe aplicarse es para todos común, por europea, y ha de tenerse presente que el tribunal llamado a interpretarla en última instancia es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), órgano jurisdiccional común a todos los Estados que integran la UE.
El ideal de una Europa sin fronteras se construye con jueces nacionales que son a su vez europeos, pero aún así resta un detalle imprescindible. Para que la maquinaría judicial europea funcione es clave lo que se conoce como confianza mutua, ese estado de ánimo que, anclado en certezas, nos permite reconocer que los Estados que integran la Unión respetan los derechos y libertades de la persona de forma equivalente u homologable a como se exige en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Sin este clima de confianza mutua resultaría imposible que un juez acabe reconociendo o dando valor a lo decidido por otro juez de otro Estado; y sin mutuo reconocimiento estaríamos ante el final del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia. Bien mirado, Europa como proyecto compartido lo es ante todo de derechos y libertades.
En el caso de la entrega mediante euroorden del Sr. Puigdemont solicitada por la jueza Lamela, el fiscal belga ha pedido informes sobre la situación de nuestras prisiones. Pues bien, la pregunta no ha sentado bien por estas latitudes, en gran medida por lo que tiene de desconfianza. Rápidamente hay quien salió a la defensiva sacando a relucir el estado de cosas de las cárceles belgas, pero estos resquemores son un modo de operar westfaliano, de cuando las extradiciones se concedían según el ánimo de cooperación que tuviesen los gobiernos. Ahora esto no funciona así, compartimos en Europa un espacio judicial común, somos comunidad de derecho y de derechos. Una jueza española es la que pide motivadamente la entrega de un reo para su enjuiciamiento en España a un juez belga. No hay gobiernos de por medio y sí decisiones conformes a derecho. La diferencia es superlativa.
Un juez alemán preguntó al TJUE si debía entregar inexorablemente a Rumanía a un convicto para el cumplimiento de condena. El Tribunal de Luxemburgo afirmó que el derecho europeo por encima de todo son los derechos, de modo que ante el riesgo cierto de malos tratos la euroorden debía paralizarse hasta tener garantías. Este no es el caso de España, pero el fiscal belga quiere confirmarlo. Si cuando hay confianza la duda no debe ofender, estando Puigdemont de por medio tomémonos su pregunta a título de inventario.