Ciertamente vivimos en el último tiempo la depravación de la gestión de lo público, de la Res Publica, que llevada a cabo por unos pocos, han venido a pervertir el significo más puro de la política, que no es otro que el de transformar la realidad en favor del interés general y el bien común. Hoy la denominada clase política cotiza bajo en el índice de simpatía social de una ciudadanía hastiada de la corrupción de todo signo político. Pero de igual forma, no podemos olvidar el mal que los malos políticos han producido sobre las buenas personas, esas con vocación de servicio público, que sacrifican su tiempo y su vida en pos de la mejora del interés global, hombres y mujeres anónimos concejales y concejalas, responsables políticos o alcaldes y alcaldesas, personas que día a día se mueven por el objetivo de hacer de nuestra sociedad un lugar mejor. Personas que hoy se enfrentan, no sólo a la visión negativa sobre su trabajo y su compromiso, sino además sobre las que cierne el riesgo de la muerte social, esa fácil de lograr con la simple denuncia de cualquier persona que con el dedo acusador señala al cargo público. Vivimos así en un país en donde la condena social de la ciudadanía llega antes que la judicial, donde el titular se abre paso en el amarillismo de un país cainita. La imputación se entiende así hoy no como un instrumento de defensa que hace posible que el denunciado se defienda en sede judicial, sino como una condena a la muerte pública. En definitiva, tal vez habría que reflexionar sobre esta incorrecta balanza que hace que cada vez menos personas quieran hacer de la política una noble vocación de servicio público, dejando paso en su ausencia a la mediocridad de quienes no encuentran otro espacio de supervivencia. ~