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Desembalse de agua en el pantano de Gergal, en Guillena, / El Correo
A lo largo de los primeros veinte días de marzo se ha producido un intenso y prolongado período de precipitaciones, que ha permitido que los embalses aumenten sus reservas por encima del 55 por ciento de su capacidad, porcentaje similar a lo almacenado el año pasado a la misma fecha. Ha sido, según los expertos, un período extraordinario de lluvias que únicamente acontece cada 40 o 50 años. Gracias a estas lluvias extraordinarias se han evitado las fuertes restricciones a los regadíos de la cuenca en la próxima campaña, aunque sería prudente disminuir las dotaciones, mientras que los abastecimientos urbanos están garantizados, apuntan los expertos en sequía.
Sin embargo, las últimas lluvias han sido sólo un respiro ante la alarmante sequía, que, por otra parte, forma parte de nuestro clima mediterráneo, si bien está agudizada por el cambio climático que lo ha alterado todo.
«Nos encontramos en el comienzo de un nuevo ciclo histórico de política de agua», apunta el primer documento consensuado entre organizaciones ambientales, sindicales, agrarias, empresariales, científicas y profesionales, que pone puntos sobre las íes al plan de la sequía del Guadalquivir. En efecto, como se explica en este documento histórico, ya que es la primera vez que se alcanza tan amplio consenso en materia de aguas, de la misma manera que los efectos de la sequía del 1991-1995 hicieron entender que los cortes generalizados de agua a las poblaciones eran inadmisibles, la sequía actual «pone de manifiesto que la demanda total de agua ha sobrepasado las disponibilidades de la cuenca del Guadalquivir». La sociedad tiene que tomar definitivamente conciencia de ello, aseguran en este documento de alegaciones y adelantan que «es imprescindible definir, con procedimientos democráticos y técnicamente rigurosos, soluciones basadas en criterios sociales, ecológicos y de eficiencia productiva».
La Comisión Europea reconoció en 2007 que las sequías y la escasez hídrica eran fenómenos cada vez más frecuentes en el ámbito comunitario. Establecía claramente las diferencias entre la escasez de agua, como el desequilibrio entre la capacidad de atender las demandas y los recursos disponibles de forma natural, y las sequías, como situaciones ocasionales y recurrentes de descenso de las precipitaciones, suficientemente largas e intensas como para generar impactos socioeconómicos y ambientales adversos, al reducir temporalmente la disponibilidad de recursos hídricos.
El inicio del período de consulta pública del borrador de Plan Especial de Sequía del Guadalquivir (PESG) ha coincidido con un año hidrológico con precipitaciones muy inferiores a la media, que sigue a tres años de similares características, y un estado de los embalses a un tercio de su capacidad: una situación frecuente en la cuenca. «La realidad es que nuestro clima mediterráneo se caracteriza precisamente por periodos, de distinta duración e intensidad, pero frecuentes y recurrentes, de precipitación escasa que reduce la disponibilidad natural de recursos hídricos para la naturaleza y la sociedad», recuerdan los firmantes de estas alegaciones ciudadanas, y el documento, al que ha tenido acceso Ecoperiodismo aclara que «a partir de aquí comienza la intervención humana, la construcción social de los riesgos –sequías e inundaciones– que nos afectan, y la responsabilidad administrativa y política sobre los mismos».
Por eso, tal y como indican estos expertos, para poder aprovechar una parte importante de los recursos hídricos que circulan por los ríos, hemos construido embalses en los cauces de los ríos y pozos que perforan los acuíferos. Sin embargo, aclaran que «un correcto uso de la gran capacidad de regulación que estas infraestructuras nos proporcionan debería permitirnos resistir las frecuentes situaciones de disminución temporal de las precipitaciones (sequía meteorológica) que afectan a la cuenca».
Sin embargo, el propio Plan Hidrológico del Guadalquivir (PHG) diagnostica que, debido al exceso de demandas, existe un déficit estructural de 320 hm3 de aguas reguladas por los 46 grandes embalses de la cuenca. Estas cifras implican que hay una demanda que supera los recursos disponibles. En otras palabras: se está sobreexplotando el agua. bajo esta lectura, critican en el documento «atribuimos a la sequía excepcional lo que es consecuencia de una mala gestión de los recursos hídricos que disponemos», y le ponen cifra: se está suministrando anualmente un 15 por ciento más que los recursos superficiales disponibles. En el caso de las aguas subterráneas, la situación es aún peor a causa de la falta de control inadecuado sobre lo que se está usando actualmente.
Tras la terrible sequía de los años 90, en la que el 60 por ciento de la población de la cuenca del Guadalquivir sufrió fuertes y prolongadas restricciones en los abastecimientos urbanos, las diferentes administraciones tomaron medidas para asegurar el suministro de agua y que no volviesen a producirse restricciones de agua a la población. «Esto es un gran avance en relación con el pasado, pero no podemos olvidar las numerosas pequeñas y medianas poblaciones que siguen sufriendo problemas de abastecimiento, por sobreexplotación o contaminación de acuíferos y manantiales causada por expansión desordenada de regadíos o procesos urbanísticos inadecuados», recalca el documento.
Dicen estas organizaciones que el actual Plan Especial de Sequía del Guadalquivir «nace desenfocado» al convertir en extraordinario e imprevisible lo que es frecuente y ocasionado por la decisión y la acción humana. En este sentido, considera que, en el período 1980-2012, durante el 26 por ciento de los meses la cuenca se ha encontrado en situación de sequía prolongada, «banalizando este concepto». De forma similar define los escenarios de escasez, dando como resultado que únicamente considera períodos de normalidad el 46 por ciento de los meses, y de prealerta, alerta o emergencia el 54 por ciento de los meses: paradójicamente, lo normal se convierte en anormal y la excepción en la regla.