Estarán conmigo en que la nueva facturación de la luz es una tropelía más contra la ciudadanía por parte de un gobierno connivente con esos imperios eléctricos que luego les garantiza jubilaciones millonarias a los mismos que toman las decisiones. Ya sé que voy a hablar de la gente que manda y que alguien con poder estará diciendo aquello de «a ver qué es capaz de escribir». Me lo dijeron cuando era alcalde: «cuidado que esta gente es poderosa y en los medios tienen mucho poder». Hablar mal de las eléctricas en España no tiene rédito, pero aun así no hay que callar, no merecen nuestro silencio, por muy poderosos que se crean.
¿Tiene lógica que un producto de necesidad básica cueste distinto precio según la hora a la que se consume y de acuerdo a unos criterios farragosos, fulleros y trileros establecidos por el mismo que vende? Alguien indicará que lo hacen de acuerdo a los criterios del Gobierno, y puede que no mienta, pero es que, en este caso, cuesta trabajo distinguir gobierno de empresa. Es una vergüenza la connivencia del Gobierno en este asunto, que los consejos de administración de esas empresas se surtan de políticos que gobernando siempre tomaron medidas a favor de las eléctricas y sus intereses y que eso lo veamos con absoluta normalidad.
La tarifa de la luz precisa de una defensa urgente de los consumidores, de políticos capaces de plantar cara a tanto Al Capone enchufado y de crear un cortocircuito a favor de la gente a la que se dice representar. Quizás si el interés del dinero eléctrico fuese público, otra luz más clara nos llegaría.