El próximo 15 de octubre, si nadie lo remedia, la película personal de Adrián Manuel Moreno no tendrá un final feliz. Hace siete años, cuando él acababa de cumplir 18, mangó una bicicleta del servicio público de préstamo de Sevilla. Lo que viene siendo una gamberrada que en cualquier país civilizado se resuelve con trabajos al servicio de la comunidad, como en las sentencias ejemplares que el juez de menores Emilio Calatayud promulga en Granada. Él lo ha intentado pero ha chocado con otros jueces bien distintos: raro país en el que una misma ley cuenta con interpretaciones antípodas. En 2008, un magistrado le impuso una condena de seis meses de prisión por hurto. Ahora, con la lentitud de la injusticia, otro ha rechazado la suspensión de la pena.
¿Qué queda de aquel niñato de la bici robada? Un padre de familia veinteañero que intenta ganarse la vida. Nada importa que el condenado tenga empleo fijo, una pareja en paro, un hijo de dos años y un bebé de ocho meses. ¿Para qué sirve la cárcel?, le preguntaría Concepción Arenal a esos jueces. Para odiar el delito y compadecer al delincuente. Para reinsertarlo en la sociedad. ¿Quién saldrá beneficiado de su presidio? ¿Por qué se repiten tanto este tipo de casos, a la vista de que el genio de Rafael Riqueni todavía duerme en el calabozo? La justicia, definitivamente, tendría que hacérselo mirar.
No parece probable que haya indulto para Adrián sin entrar a prisión. Afuera, seguirán los malabaristas del trapicheo, los trileros de la ingeniería financiera y los que nos roban los sueños. En su caso, ni siquiera existe ya Vittorio de Sica para rodar un remake de su Ladrón de bicicletas.